martes, 21 de junio de 2016

Los argumentos homofóbicos de "última generación"



Los argumentos homofóbicos de “última generación”
Luis Paulino Vargas Solís

Las diversidades sexuales vienen dando lugar a un cambio cultural de profundas implicaciones, con impactos en la vivencia de la sexualidad, en las familias, la afectividad y las identidades de género. Acosado y sobrepasado por esta marejada, el conservadurismo religioso y moral ha venido recomponiendo posiciones y, en especial, construyendo nuevos discursos desde los cuales contrataca e intenta preservar la vigencia declinante de los zombis a los cuales se aferran. Es a eso a lo que aquí llamo “argumentos diversofóbicos de última generación”. Mi propósito en este artículo es ofrecer un acercamiento preliminar a la discusión de esa suerte de neodiscursividad diversofóbica.

1)   El lobby gay: las diversidades sexuales han sido objeto, en forma sistemática, de un proceso de “monstrificación”, que tiene posiblemente raíces médicas en la patologización de la homosexualidad que se impuso en el siglo XIX, pero que adquiere mayor virulencia con base en un discurso que se pronuncia desde la moral religiosa dominante. De tal modo, las personas sexualmente diversas hemos sido acusadas de destruir la familia, pervertir la niñez y corromper la sociedad. A esto se le suma la atribución reciente de la existencia de un “lobby gay”, imaginado como una conspiración política muy poderosa, urdida a nivel internacional con el fin de presionar sobre gobiernos, parlamentos, empresas y medios de comunicación, con el expreso objetivo de imponer aquella “agenda” presuntamente corruptora y destructiva. A la sanción propiamente moral –inherente a la acusación de ser algo así como “ángeles del mal”– se suma la imagen de un poder político orientado por terribles intenciones y sumamente amenazante. O sea: si ya se nos debía temer por ser perversos, ahora debe temérsenos adicionalmente por movilizar un poder político que, contra toda evidencia, quieren imaginar grande, poderoso y arbitrario.

2)   La intolerancia de las diversidades sexuales: la cuestión discurre más o menos así: “no estoy de acuerdo con la forma de vida de esas personas ni con que debamos cambiar la sociedad a como ellas lo exigen, y eso debería ser respetado. En cambio, esas mismas personas, que tanto piden respeto, son intolerantes con mis puntos de vista”. Eufemismos aparte, lo que aquí realmente se dice es lo siguiente: “creo que no debe haber ningún reconocimiento de los derechos de las personas sexualmente diversas, y que éstas deben permanecer en el mismo sitio donde siempre han estado: discriminadas, pospuestas y violentadas; ocultas y silenciosas”. Luego, y cuando nos rebelamos y protestamos frente a esa pretensión, se interpreta que hacer tal cosa es de nuestra parte una muestra de irrespeto e intolerancia. Puedo admitir que, en ocasiones, nos hemos exaltado y hemos mostrado indignación y hasta furia. Políticamente no es lo más prudente, y, sin embargo, es muy humano. En realidad nos están exigiendo que, tras el golpe en una mejilla, en silencio nos limitemos a poner la otra mejilla.


3)   Es una minoría que quiere imponer un tipo de sociedad que la gran mayoría no queremos. Esto tiene varias posibles derivaciones. Una es la insinuación –a veces afirmación directa– en el sentido de que queremos imponer a toda la sociedad un “estilo de vida homosexual”, es decir, como si estuviera a nuestro alcance poder emitir un decreto que ordenara: “de hoy en adelante todo el mundo será homosexual”. Obviamente esto debe ser interpretado en el contexto de la “monstrificación” a que hice referencia en el punto 1). Siendo que somos seres monstruosos, intentamos imponernos y, con ello, generamos el peligro de que la sociedad sea también monstruosa. Podría darse otras posibles derivaciones, pero en el fondo lo que se afirma básicamente es que, al querer imponer nuestro “estilo de vida”, con ello impediríamos que la gente “buena y decente”, lleve la vida que quiere llevar, como si pudiéramos obligarles a renunciar a su fe y religión, a su forma de vivir la sexualidad o al estilo de familia que quieren tener. Más allá del absoluto absurdo asociado a cada una de estas ideas, esto sí tiene una implicación política importante: lo que realmente se está proclamando es una sociedad construida alrededor de determinada moral religiosa homogénea, que no admite ningún disenso ni variante. Es, por lo tanto, una concepción antidemocrática, que descarta la diversidad y pluralidad de las sociedades humanas contemporáneas, a favor de un único estilo de vida y una única concepción de la moral, de la sexualidad, la familia y la afectividad.


4)   La cristiano-fobia de los gais: se invierten los términos, de forma que las diversidades sexuales no aparecemos como víctimas de una situación de rechazo, discriminación y violencia, sino que somos nosotras y nosotros quienes odiamos y perseguimos a las personas cristianas y a sus iglesias. Esto suma a la estrategia de “monstrificación” y agrega nuevos elementos de amenaza: no solo ensuciamos y pervertimos a la sociedad desde una conspiración política urdida con alevosía y maldad, sino que deliberadamente queremos destruir los valores e instituciones religiosas que sostienen esta sociedad. Pero esto también tiene mucho que ver con lo que indiqué en el punto 2). De lo que se trata es de convertir en una manifestación de odio e intolerancia, lo que generalmente es una reacción –y a veces, lo reconozco, una reacción higadoza– frente a discursos religiosos que históricamente han estigmatizado a las personas sexualmente diversas, contribuyendo poderosamente a la perpetuación de situaciones de violencia y discriminación. O sea: el acto de rebeldía y protesta es manipulado para transfigurarlo en un acto de intolerancia. Lo paradójico del caso es que, no obstante el rechazo expresado por diversas instituciones religiosas católicas y evangélicas, muchas personas de la diversidad sexual –posiblemente la gran mayoría– son personas religiosas y de fe. Muchas asisten a sus congregaciones y soportan en silencio la humillación de tener que escuchar discursos violentamente homofóbicos. Seguramente esas personas preferirían que su iglesia las recibiera y tratara de otra forma.

5)   Lo que quieren es que la sociedad se les acomode a favor del disfrute de sus placeres: obviamente esto está muy relacionado con lo previamente discutido, en particular los puntos 1) y 3). Es básicamente la fantasía de un poderoso y amenazante “lobby gay” y su conspiración, urdida para imponerle a la sociedad una agenda maligna y corruptora. Pero aquí explícitamente se agrega un elemento que resalta dos cosas a un mismo tiempo: nuestro capricho y nuestra corrupción, es decir, la atribución que se nos hace de un estilo de vida disipado, vicioso, promiscuo, frívolo. Lo cual es una clarísima manifestación de doble moral, tratándose de una sociedad donde las personas heterosexuales también inician su vida sexual a muy temprana edad y mantiene relaciones sexuales con muchas personas a lo largo de su vida, y donde problemas como la drogadicción y el alcoholismo, tristemente están muy extendidos. No es detalle menor el alto índice de divorcios y la opción muy generalizada por la unión libre (que, sin embargo, sí goza de reconocimiento legal cuando se trata de parejas heterosexuales). Al cabo, lo único cierto es que los “placeres” a que aspiramos las personas sexualmente diversas son los que normalmente quiere para sí cualquier ser humano: gozar de su vida sexual en forma responsable y sin remordimientos ni sentimientos de culpa; construir una familia; vivir a plenitud su afectividad. Y, sin embargo, se insiste en jugar con fantasías que evocan imágenes retorcidas sobre placeres innombrables e inconfesables, con los que se insiste en asociarnos.

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miércoles, 8 de junio de 2016

¿Está el tipo de cambio colón-dólar en equilibrio?



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¿Está el tipo de cambio colón-dólar en equilibrio?

Luis Paulino Vargas Solís

1) El nivel del tipo de cambio en Costa Rica, se viene sosteniendo en un nivel irreal desde hace años. Esa situación ficticia es fruto principalmente de factores financieros externos. Refleja dentro de nuestra economía, los enormes desequilibrios y asimetrías de un capitalismo mundial atrapado en una crisis infinita. Pero, desde luego, hay una institucionalidad vigente en Costa Rica que lo ha propiciado, a través de un régimen de irrestricta libertad de movimiento de capitales, y con base en una política permisiva e irresponsable por parte del Banco Central. En un contexto mundial depresivo, donde escasean oportunidades de inversión productiva rentable y siguen primando tendencias especulativas muy poderosas, las relativamente altas tasas de interés y la institucionalidad vigente en Costa Rica nos expone ampliamente al impacto de movimientos financieros mundiales que generan grandes distorsiones a lo interno de nuestra economía.

2) Puesto en sencillo: a lo largo de diez años hemos tenido amplios excedentes de divisas, que no nacen de nuestro potencial productivo y exportador (puesto que siempre tenemos un déficit en cuenta corriente del orden de 4-5% del PIB), sino exclusivamente de los grandes flujos de capital que han aterrizado en Costa Rica. En otras palabras: el colón se fortalece frente al dólar, no porque seamos una economía competitiva (como podrían ser los casos de China o Alemania) sino porque nos llueve grandes flujos de capitales.

3) Se quiere hacer creer que este es un asunto tan solo atinente a los estrechos intereses del sector exportador. Pero se omite decir que las más afectadas son las exportaciones de base propiamente nacional, que son las que más empleo y valor agregado y encadenamientos productivos aportan. El efecto es mucho menor para las exportaciones de transnacionales de zona franca, cuyo valor agregado es menor.

4) Similar con el turismo. Las más afectadas son las empresas turísticas pequeñas y medianas de capital nacional, cuya clientela es de ingresos menos elevados. Las cadenas transnacionales lo sienten menos porque su clientela es, en general, gente muy rica que pueden pagar caprichos por venir a un destino turístico caro pero prestigioso.

5) También salen perjudicadas todas las actividades que compiten con importaciones: desde galletas a frijoles y aguacates; desde zapatos a mermeladas y pastas.

6) Con un agravante adicional: se incentiva el uso de insumos importados, lo que reduce el valor agregado de la producción y agudiza el desmembramiento interno del sistema productivo.

7) La peor consecuencia: los gravísimos problemas del empleo.


8) Se arguye (por ejemplo Jorge Guardia) que el desempleo es “estructural”. O sea: se afirma que la gente no tiene empleo porque no tiene las calificaciones que piden las transnacionales de zona franca, tanto las manufactureras como las de servicios. Y, sin embargo, estas actividades han crecido a lo largo de los años mucho más que la economía en su conjunto, no obstante lo cual tan solo han generado una cuota muy limitada de empleos ¿A qué ritmo –acaso un 25% al año- tendrían que crecer esas actividades para generar todos los empleos que se requerirían? ¿Seriamente alguien podría creer que si todo el mundo tuviera las calificaciones que esas empresas demandan, entonces conseguirán trabajo con ellas? No se lograría absorber la totalidad de la fuerza de trabajo que sufre situaciones laborales anómalas, ni siquiera en las hipótesis extremas de que la economía entera se reconvirtiese para dedicarse exclusivamente a ese tipo de actividades transnacionales, y de que toda la fuerza de trabajo tuviese las calificaciones que esas empresas demandan. Y ello por la sencilla razón de que esas actividades, solo tienen una muy limitada capacidad de generación de empleos.

9) Es indispensable apoyar el desarrollo de actividades que, a la par de distribuir la riqueza de formas más equitativa, generen alto valor agregado, creen encadenamiento y provean abundantes empleos decentes. El tipo de cambio actual, ficticio e irreal, es un severo obstáculo al logro de ese cometido, porque, como ya expliqué, está dañando a un amplio rango de actividades productivas, de las que depende una parte sustancial del empleo.

10) Obviamente el tipo de cambio no es el único problema. No estoy afirmando tal cosa. Pero con mucha seguridad es el principal problema.

11) ¿Ganan las clases trabajadoras con este tipo de cambio irreal? Claramente no. Tenemos alrededor de 1,2 millones de personas trabajadoras desempleadas, subempleadas o en la informalidad laboral, y el poder adquisitivo real de los salarios ha permanecido prácticamente estancado desde 2010. Y, entretanto, crecen sin freno los niveles de endeudamiento de las familias, incluso –lo que es peor– en dólares

12) ¿Alguien se beneficia con esta situación? Claro que sí: la banca y el negocio financiero, en primer lugar, colocando crédito en dólares y manteniendo tasas de interés que, en términos reales (comparativamente a la inflación) son brutalmente altas. También se benefician el negocio de importación y la especulación inmobiliaria, alimentada por el crédito en dólares. Entre tanto, sufre grave daño el sistema productivo y la generación de empleos.

13) Es absurdo imaginar que esto pueda corregirse por medio de un ajuste abrupto y repentino del tipo de cambio. Ello provocaría inflación casi instantánea, inestabilidad, desconfianza y, eventualmente, pánico. Pero es una situación claramente insostenible, que lo será más conforme pase el tiempo y se perpetúe. Habría que pensar en alguna forma de ajuste gradual y paulatino, lo que exigiría cambios importantes en las políticas del Banco Central y en la propia institucionalidad vigente en materia de flujos de capitales.

14) Tengamos clara una cosa: la situación ficticia del tipo de cambio es fruto de las políticas neoliberales vigentes. La defensa que economistas como Jorge Guardia hacen de esa situación responde a la misma motivación ideológica, si bien recubierta de una retórica demagógica y engañosa.

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2) ¿Y qué carajos hacer con el tipo de cambio? 

domingo, 29 de mayo de 2016

El problema fiscal como síntoma de una crisis mayor



El problema fiscal como 
síntoma de una crisis mayor

Luis Paulino Vargas Solís

Entre 1950 y 1979 la economía de Costa Rica crecía a un ritmo del 6,5% promedio anual, (3,2% el PIB por habitante). Eran los tiempos que denomino como los del “Proyecto Histórico Desarrollista”, es decir, los del Estado interventor, la expansión de las redes de seguridad social y la industrialización sustitutiva. Tras la profunda dislocación provocada por la crisis de 1980-82, vino la implantación del “Proyecto Histórico Neoliberal”, signado principalmente por la apertura a los flujos de comercio y capitales, la liberalización financiera y el progresivo debilitamiento del Estado de bienestar. Durante el largo período 1984-2007 este Proyecto Neoliberal hizo que la economía creciese al 5% promedio anual (2,7% per cápita), claramente por debajo del desempeño registrado en la etapa previa, y además matizado por una marcada ciclicidad (tres ciclos de crecimiento alto –en los alrededores de 7 u 8% anual–  y otros tres de bajo desempeño, entre 2 y 3%).

Pero desde 2008 algo parece haber cambiado. En el bienio 2008-2009 se sintió el impacto de la fase aguda de la crisis económica mundial, el cual fue atenuado por las políticas fiscales y monetarias expansivas promovidas por el gobierno de Oscar Arias (su “Plan Escudo”), no obstante el mal diseño y ejecución de tales políticas. La recuperación posterior jamás levantó vuelo. Así, en el trienio 2010-2012 ni siquiera se logra replicar el promedio histórico del 5% que caracterizó la fase previa a 2008. En 2013 se inaugura una etapa de crecimiento mucho más débil. 2015 es el tercer año al hilo creciendo en los alrededores del 3% (apenas por encima del 1% en el pér cápita). Ello configura un desempeño que, comparado con los estándares históricos, resulta sumamente mediocre. Peor aún puesto que está acompañado por agudos niveles de desigualdad social, de modo que los escasos frutos de ese pobre crecimiento, resultan inalcanzables para la mayor parte de la población.

En los ocho años comprendidos en el lapso 2008-2015, la economía costarricense crece al 3,1% promedio anual. Si hubiese al menos restablecido la media del 5% del período 1984-2007, ello habría bastado para que su tamaño absoluto fuese un 16% más grande de lo que realmente fue. Es decir la caída en los índices de crecimiento (cercana al 40% comparativamente al 5% del período neoliberal), ha creado un hoyo enorme, entre lo que potencialmente pudo haber sido y lo que realmente es.

Esta severa atonía tiene graves repercusiones sociales y políticas. El peor daño se inflige en el ámbito del empleo, con consecuencias humanas realmente dramáticas, las cuales sobrepasan ampliamente lo que, engañosamente, podría concluirse si tan solo se miran los datos del PIB. Y ello es así justo porque la estrategia económica castiga aquellas actividades que mayor cuantía de empleo podrían generar. Las actividades privilegiadas y más dinámicas tan solo crean una cuota escasa de puestos de trabajo, pero tampoco generan empleos indirectos puesto que sus encadenamientos productivos son muy débiles. Lo cual, en combinación con la polarización en la distribución de los ingresos y la riqueza, tiene inevitables consecuencias sociales y políticas: desde el sentimiento de inseguridad asociado a la creciente violencia hasta el descrédito cada vez más agudo del sistema de institucionalidad democrática.

El estropicio también se siente en el aspecto fiscal, ya que el declinante dinamismo económico debilita la capacidad recaudatoria del Estado. Ello es resultado de múltiples efectos combinados: se reduce el pago de impuestos a causa de la caída de los ingresos que sufren quienes están desempleados o tiene que conformarse con empleos a tiempo parcial o en ocupaciones informales. La relativa contención de la inversión empresarial y la limitada dinámica de los circuitos comerciales impactan de forma similar.


Pero acontece que, sumado a este efecto pernicioso proveniente de la anemia crónica de la economía y el empleo, se observa además una significativa reducción de la carga tributaria, es decir, el porcentaje o proporción de la totalidad de los ingresos generados por la economía que se destina al pago de impuesto, la cual cayó desde 15,6% del PIB en 2008 hasta 13,4% en 2014.

Obsérvese cuán problemático resulta esto: sobre un PIB que crece mucho más lento, pagamos impuestos en una proporción mucho menor. El caso es que si la economía hubiese seguido creciendo al 5% promedio anual y la carga tributaria se hubiese mantenido en el nivel de 2008, hoy tranquilamente hablaríamos de un déficit fiscal por debajo del 3%. Y la deuda pública, que supera ya el 60% del PIB, seguramente es mantendría apenas por encima del 30%. Nadie estaría tocando campanas de alarma y habría un pretexto menos que alimentase la demagogia politiquera de la derecha neoliberal.

Ocho años consecutivos –y vamos para el noveno– en que se arrastra un desempeño económico tan insatisfactorio, solo admite un nombre: depresión económica. Cierto que no ha habido un desplome traumático como el de inicios de los ochenta. Pero, en cambio, la atonía ahora ha sido mucho más persistente, con lo que arriesga que sus consecuencias negativas sean aún peores. Esto brinda evidencias abundantes a favor de una tesis: el Proyecto Histórico Neoliberal ha entrado en fase de agotamiento y crisis, lo que exige de un replanteamiento en profundidad. Y siendo que el impacto más dramático que esto tiene se visibiliza en el ámbito del empleo, también es verdad que lo fiscal es síntoma y manifestación de esa crisis.



Conviene entonces enfatizar que, en cuanto que problema crónico y estructural, la cuestión fiscal quedó sembrada sobre terrenos problemáticos ya desde el nacimiento mismo de la estrategia neoliberal, cuando ésta optó por reducir progresivamente, hasta casi hacer desaparecer, los impuestos sobre el comercio exterior (exportaciones e importaciones), mientras generaba un generoso aparato de subsidio fiscal (principalmente vía exoneraciones) a favor de las exportaciones no tradicionales, el turismo y el capital transnacional instalado en zonas francas. Con los PAE de los ochentas, la adhesión al GATT a inicios de los noventa y a la OMC a mediados de ese decenio, y luego con la sucesión de tratados comerciales (México el primero en 1995), el país entró en una ruta de apertura externa creciente, que también implicó un sacrificio progresivo pero sistemático de ingresos fiscales.

Y, sin embargo, las élites gobernantes no creyeron necesario hacer algo para tapar el hueco fiscal que se iba abriendo, acaso porque ha imperado un criterio ideológico anti-estatista, el cual prescribe reducción del sector público. De ahí, quizá, el desinterés por el fortalecimiento y modernización del sistema tributario. Lo cierto es que, contrariando el discurso librecambista dominante, las políticas implementadas fueron más bien selectivas. Por ejemplo, mientras la industria manufacturera tradicional enfrentaba procesos de desgravación arancelaria y la agricultura de producción de alimentos para el mercado interno era despojada de todo el sistema proteccionista que la había sostenido, se gestaban las nuevas formas de subsidio a favor de exportaciones no tradicionales y capital transnacional alojado en zona franca. Incluso el sistema financiero –un sector especialmente dinámico en el nuevo siglo– recibe tratamientos tributarios diferenciados.

Tenemos así un juego problemático de decisiones políticas entrelazadas: primero, la reducción de tributos provenientes del comercio exterior; segundo, ese peculiar neo-proteccionismo aplicado desde mediados de los ochentas; y, tercero, la falta de voluntad para modernizar y fortalecer el sistema tributario y crear nuevas fuentes de financiamiento del sector público. Sobre esa base puede rigurosamente afirmarse que el déficit fiscal deviene un problema crónico y estructural, el cual, sin embargo, manifiesta un comportamiento espasmódico, con ciclos de agravamiento o alivio relativo según la dirección hacia donde soplen las veleidades politiqueras del momento.

Y, sin embargo, también es crucial el impacto derivado de la evasión y elusión tributarias. Los diversos estudios disponibles –realizados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda– coinciden en que su magnitud ronda el 8% del PIB. Un 4,2% proviene de evasión empresarial; un 2,2% del impuesto sobre las ventas y alrededor del 1,3% de “personas físicas con actividades lucrativas” (profesionales liberales). Se trata de magnitudes sumamente elevadas, que lo son incluso si admitimos que un cierto margen de evasión es inevitable.

Que la evasión y elusión sean tan altas puede deberse a uno o ambos de los siguientes factores: debilidades del sistema de administración tributaria o mayor sofisticación en los recursos tecnológicos y legales a disposición de los potenciales evasores. Con seguridad padecemos una mezcla de ambas cosas, y en lo que al segundo aspecto se refiere, es clave considerar el aporte que dan las tecnologías informacionales y la total liberalización de los flujos de capitales. La evasión adquiere así un estatuto propiamente transnacional –incluso global– a disposición del capital más poderoso y concentrado. Esa mezcla entre capacidad tecnológica y decisión política concede a los capitales la posibilidad de escabullirse, migrar y esconderse. Y, entretanto, las administraciones tributarias –similar a lo que ocurre con las clases trabajadoras– aun no logran desprenderse de su anclaje territorial, al nivel del Estado nacional. Todo lo cual nos advierte acerca de la urgencia de desarrollar una densa red de colaboración e intercambio de información entre gobiernos y Estados a nivel mundial. Y, sin embargo, los avances en ese sentido siguen siendo marginales.

Todavía se podría mencionar, como factor agravante de la débil recaudación tributaria, la progresiva migración del sistema económico hacia actividades de servicios no afectas al impuesto de ventas (o impuesto al valor agregado, IVA). Pero enfatizar este aspecto sin mencionar las grandes omisiones en materia de tributación progresiva, no solo advierte acerca de los énfasis ideológicos subyacentes, sino respecto de la proclividad hacia soluciones fáciles. Porque en materia de progresividad, hay cuestiones esenciales sistemáticamente silenciadas o pospuestas: impuestos sobre herencias y sobre patrimonios; un perfil mucho más progresivo del impuesto sobre la renta; aplicación de los principios de renta mundial y renta global. Y siendo que cada una de estas cosas comporta complejidades importantes, es también verdad que no acometer tales reformas es dar de lado a la creación de un sistema tributario realmente moderno y justo.
 
Por otro lado, proliferan también altisonantes reclamaciones que exigen recortar gastos. Efectivamente el gasto total del Gobierno Central, como porcentaje del PIB, ha aumentado desde 2008 más de cuatro puntos porcentuales hasta llegar al 20%. La parte de remuneraciones y cuotas de la seguridad social aporta cuatro décimos de ese incremento. Y, sin embargo, el rubro que está creciendo más rápido es el pago por intereses de la deuda interna, que aporta ya más de un quinto del incremento en el déficit. Esto último conlleva un grotesco proceso de extracción de rentas vía pago de intereses, propiciado activamente por las injustificadamente elevadas tasas de interés que impone la banca costarricense.

Imposible negar que hay excesos en algunos regímenes laborales. Y sin duda existen duplicaciones y despilfarros, así como redes de patronazgo público-privadas en las que están involucradas altas figuras políticas, cuadros de la burocracia pública y poderosos intereses empresariales. Todo eso debe ser corregido con energía y decisión. Pero es igualmente incuestionable que hay muchas necesidades y demandas sociales desatendidas o mal cubiertas. Necesitamos más Estado, nunca menos. Pero un Estado mucho más eficiente que brinde servicios de mucha mayor calidad. Para lo cual se requiere una reforma estatal profunda –de alcances similares a la que se necesita en el sistema tributario– incluyendo un sistema de evaluación, rendición de cuentas y auditoria ciudadana mucho más exigente, transparente, participativo y democrático.

Y, en particular, y tratándose de la ruidosa falacia montada alrededor de las tesis de austeridad, mejor no olvidar que el desempeño de la economía es débil y que, con mucha certeza, la crisis fiscal es, a fin de cuentas, solo otra manifestación de esa persistente atonía. Muy posiblemente el déficit ha sido el dique que ha contenido la recesión abierta de la economía. Pero, a su vez, el anémico crecimiento agrava el déficit y propicia el crecimiento de la deuda.

La austeridad es un perfecto disparate, porque implica un golpe para esta economía vacilante, lo cual, como bumerang, dificultaría mucho más resolver el problema fiscal. Contrario sensu, la reactivación económica es, con seguridad, la mejor medicina para unas finanzas públicas maltrechas.