jueves, 29 de enero de 2015

¿Qué subyace tras el affaire Soley-procuradora?


Presidente Solís y su acosado ministro Jiménez

¿Qué subyace tras el affaire Soley-procuradora?
Luis Paulino Vargas Solís

¿Podremos algún día saber cuál es la verdad detrás del mega-show escenificado por la procuradora Brenes y el ex viceministro Soley? Posiblemente nunca lo sabremos ¿tiene eso alguna importancia? En realidad, creo que no la tiene. Y, sin embargo, el aparatoso y pantagruélico circo mediático y político a que se dio lugar no carece de significación.

Tanto Brenes como Soley interpretaron su rol. Acaso Soley lo hizo mejor –con mayor frialdad y aplomo- que la señora procuradora, pero, en fin, acontece que, aún sin ser Merryl Streep, ella no carece de recursos histriónicos. La concatenación de los acontecimientos es interesante. La Nación “se enteró” del presunto ofrecimiento –editorialmente ese medio aseguró luego que no fue la procuradora quien les informó- y publicó una nota sobre el asunto, exactamente una semana después de la ahora célebre reunión entre Brenes y Soley, y justo al día siguiente de que la procuradora se reuniera con el presidente Solís para enterarlo de lo que Soley supuestamente le habría ofrecido. El título de la nota periodística es evidentemente tendencioso: “Presidencia ofrece opción de embajada a Procuradora incómoda” y está claramente pensado para insinuar torcidas intenciones por parte del propio presidente de la república y, obviamente, por su ministro de la Presidencia, señor Melvin Jiménez. Luego ha quedado en evidencia que, además, el periodista que redactó la nota (de apellido Murillo) manipuló las declaraciones que le dio Soley, en entrevista que se realizó casi simultáneamente con la reunión de la procuradora Brenes con el presidente Solís. O sea: hay evidentes coincidencias cronológicas en el devenir de los acontecimientos. Podría ser mera casualidad, o quizá no.

Vino entonces el patético teatro legislativo que se escenificó los días 22 y 23 de enero, con el magro resultado de dos versiones abiertamente contradictorias. Así las cosas, y más allá de las muy respetables pero completamente arbitrarias opiniones personales de cada diputado y diputada, no quedó mucho de dónde agarrarse para emitir una condenatoria definitiva en contra de Soley (cosa que los medios promovían con histeria desatada). Mas, en todo caso, había sido obvio durante todos esos días de encendida chismografía mediática, que la cuestión no se agotaba en el abogado Soley; los misiles también iban dirigidos –aunque como en un segundo plano- hacia Jiménez. Y cuando quedó descartada la posibilidad de rostizar a Soley, decidieron que mejor era achicharrar a Jiménez. De ahí en más toda la artillería pesada –mediática y politiquera- se dirigió hacia éste.

¿Hacia la politización de la procuradoría?
Hago de lado aquí la condición de clérigo del ministro Jiménez, algo que, de entrada, lastimó su legitimidad en el puesto. Más allá de lo anterior, es claro que su personalidad no le ayuda. Sin embargo, es necesario  preguntarse hasta qué punto es un asunto de temperamento y en qué grado refleja más bien una cuestión de cultura de clase y educación. Porque Jiménez es un hombre de extracción popular y su trayectoria profesional no le ha situado en los lugares propios de las élites gobernantes ya que, incluso como obispo luterano, se ubicaba a la cabeza de una organización religiosa muy minoritaria, cuyo ideario político-ideológico está fuera del ámbito hegemónico. Desde ahí, Jiménez pasó a ocupar una posición que, a lo largo de los sucesivos gobiernos, ha sido generalmente desempeñada por conspicuos representantes de lo más selecto de las élites políticas. Dado lo anterior, es posible que para él no haya sido fácil adecuarse a las exigencias propias de ese puesto, y, sobre todo, amoldarse a las dinámicas de procesos políticos que funcionan según los patrones elitistas más rígidos, los cuales han quedado cristalizados al cabo de muchos años de sistemática reiteración. Estaba obligado a un proceso de aprendizaje muy acelerado en un plazo muy breve y bajo una presión política y mediática extrema. Parece que Jiménez no lo ha logrado, lo cual, en círculo vicioso, ha propiciado que el bombardeo sobre su cabeza se agudice hasta el extremo.

Reconozco que es una mera especulación, pero no puedo evitar pensar que en ese ataque inclemente influyen, en forma combinada, factores ideológicos, clasistas y hasta racistas. Ideológicos en virtud de la conocida trayectoria de Jiménez como hombre cercano a movimientos sociales de signo políticamente progresista. Clasista en cuanto pareciera percibírsele como una advenedizo en un puesto reservado a las élites políticas, y el cual pareciera establecer, como requisito mínimo de entrada, sino un certificado de cuna, sí al menos un largo entrenamiento en la amañada cultura política de tales élites. Pero incluso también de orden racista, por razones que se hacen perfectamente obvias en el fenotipo de Jiménez.

En todo caso, el problema de fondo creo que es el mismo que se hizo evidente con motivo de la aparatosa discusión alrededor del presupuesto legislativo: se trata de “disciplinar” a un gobierno que ha nacido tensionado entre las expectativas de cambio de la amplia masa electoral que le respaldó, y el peso tremendo de los intereses vinculados al status quo de la estrategia neoliberal. Ante el riesgo que el primero de estos factores prevalezca, se aplica una presión extrema que busca forzarlo a darle continuidad a la ya completamente agotada propuesta neoliberal.

Entre el escrutinio feroz –jamás visto en el pasado- en relación con el
Premio al mejor actor
presupuesto y el desvergonzado show político montado alrededor de la “conversación” entre Soley y Brenes –con su derivación hacia el ataque sin contemplaciones contra Jiménez- media un factor común: desbaratar las defensas del gobierno para hacerlo que se amolde al orden establecido. Obligar al presidente Solís a prescindir de uno de sus hombres de mayor confianza –cuya trayectoria política lo vincula a la izquierda moderada- no es a estos efectos una jugada de importancia despreciable.

Yo sé que suena a estrategia conspirativa. Pero en realidad no es necesario que la conspiración exista para que esto se dé.  Es más probable que surja como el producto esperable a partir de la cultura y cosmovisión compartidas que, cual cemento ideológico, cohesiona a los distinto segmentos de las élites que promueven y sostienen el proyecto neoliberal. Incluso por una cuestión de sobrevivencia, ése es el tipo de reacciones esperables ante un gobierno que fue electo bajo el signo del cambio. De forma instintiva se buscaría abortar esa posibilidad de cambio, y mantener intacto el statu quo. Creo que eso es lo que se visibiliza en este tipo de patéticas teatralizaciones y enconados ataques.


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3) Luis Guillermo Solís ante el desafío de una ciudadanía desapegada, voluble y fragmentada

sábado, 3 de enero de 2015

La baja del precio del petróleo: implicaciones para la economía costarricense



La baja del precio del petróleo 
Implicaciones para la economía costarricense

Luis Paulino Vargas Solís

En el segundo semestre de 2014 los precios del petróleo a nivel mundial literalmente se derrumbaron, con una caída de alrededor del 50%. Suponiendo que  esta situación pudiera tener perdurabilidad durante el año que inicia ¿qué podría significar para Costa Rica? Propongo aquí algunas ideas, al modo de hipótesis que buscan alimentar una reflexión más amplia, en relación con el contexto que plantean algunas de las condiciones fundamentales que rigen en la economía costarricense actual.

1)   Como sabemos, la rebaja mundial de los precios se traslada con relativa lentitud y atraso a los precios internos, como consecuencia de las metodologías que aplica la ARESEP (lo cual también incide cuando se dan alzas), y ese proceso puede verse además afectado por otros factores, como podría ser la evolución del precio del dólar -en caso de que éste sufriese alguna apreciación o depreciación de cierta significación- así como la vigencia del impuesto que afecta los precios de los combustibles.

2)   Seguramente se reduciría el monto de las divisas que el país gasta por este concepto. Siendo que la rebaja del precio internacional es, grosso modo, de un 50%,  ello significa que, potencialmente, podrían economizarse alrededor de 1100 millones de dólares (tomando como referencia el dato de 2013, año en que la importación de combustibles superó los $ 2200 millones). Sin embargo, es improbable que ello ocurra porque, con seguridad, se tenderá a aumentar el gasto en combustibles fósiles, lo cual es, claramente, un efecto indeseable de la rebaja del precio, por sus implicaciones ambientales y porque desestimula las prácticas energéticas austeras así como la búsqueda de otras fuentes de energía, más limpias y amigables con la naturaleza.

3)   En todo caso, es muy probable que haya un importante ahorro de divisas, lo cual tiene especial significación en un año -2015- en el que, razonablemente, se pueden anticipar menos entradas de capitales en virtud, principalmente, de los cambios que están experimentando las políticas monetarias aplicadas por la Reserva Federal estadounidense. Recuérdese que, por su parte, el Banco Central de Costa Rica está apegado a un recetario conservador y ortodoxo de políticas, centrado unilateralmente en el control de la inflación, en función de lo cual procura mantener estable el tipo de cambio. Un menor gasto de divisas en petróleo es, por lo tanto, una ayudita que de seguro agradecerán.

4)   En principio la rebaja de los combustibles implica que más dinero queda en las manos de las personas y las empresas, disponible para ser utilizado para otros fines (a ello habrá que deducir, en todo caso, lo que se gaste de más en combustibles, como efecto derivado de los menores precios, según lo que indiqué en el punto 2). La pregunta entonces es ¿podrá esto estimular la economía en la medida en que la gente decida consumir otras cosas y las empresas quieran, quizá, incrementar sus inversiones? Responder estas preguntas obliga a algunas precisiones adicionales.


5)   Primero, si aumenta el consumo de las personas ¿qué implicaciones tiene esto? Recordemos, antes que nada, que buena parte del consumo de más se irá en productos importados. Y con más razón todavía puesto que la sobrevalorización del colón respecto del dólar -que posiblemente persistirá conforme lo que indico en el punto 3- abarata los productos importados (por ejemplo, las galletas, los frijoles o las pastas) relativamente a sus contrapartes de producción nacional. La parte del consumo adicional que se vaya en importaciones no tendrá ningún efecto positivo para estimular la economía nacional, aunque sí reducirá el efecto neto del ahorro de divisas originado en la rebaja de los combustibles.

6)   En cuanto a la inversión empresarial, tengamos en cuenta que ésta se ve afectada por diversos factores. El costo de los combustibles es uno entre otros –más significativo en algunas actividades que en otras- y aunque el menor precio podría tener un efecto positivo, este acaso no sería de gran significación en la medida en que hay otras condiciones menos favorables que no se estarían modificando. Una de estas es el tipo de cambio, con el considerable nivel de sobrevaloración que presenta, lo cual resta competitividad a las empresas turísticas, exportadoras y también a las que disputan el mercado nacional con productos importados. Otro elemento que perjudica la inversión productiva y la generación de empleos, tiene que ver con las tasas de interés, excesivamente altas, así como el manejo mismo de las políticas crediticias por parte de los bancos, las cuales están sistemáticamente sesgadas en contra de las empresas pequeñas y medianas. Son condiciones –activamente propiciadas por el propio Banco Central- que rinden excelente retribución a la banca a costa de las actividades productivas. Por lo demás, y en general, hay un ambiente dominado por expectativas sombrías  y aunque la rebaja de los combustibles podría mejorar un poco el humor empresarial, difícilmente compensará los factores adversos, caso que estos no mejoren de forma apreciable.

7)   La idea de que se liberará dinero que la gente puede destinar a consumir otras cosas (punto 5), es válida en el momento inmediato pero podría dejar de serlo con al pasar los meses. La cuestión es que, aun cuando con la baja en los combustibles seguramente bajará un poco la inflación, la tendencia que hemos observado en los últimos años es hacia el deterioro gradual del poder adquisitivo de los salarios, cosa que se da en la mayoría de los sectores de la economía, con la excepción del sector público –donde hay una pequeña mejoría- y las actividades financieras, donde el alza sí es muy considerable. Vale decir: aunque la inflación es relativamente baja, aun así los salarios se quedan a la zaga. Si esta tendencia general no se corrige –y dada la debilidad organizativa de la fuerza de trabajo y el grave deterioro del empleo es improbable que tal corrección se dé- a la larga los mejores precios de los combustibles serán un alegrón de burro sin implicaciones efectivas para las condiciones de vida de la mayoría de la gente.

En conclusión: los posibles efectos benéficos derivados del abaratamiento del petróleo, posiblemente se verían reducidos en virtud de las actuales condiciones de la economía costarricense y en razón, además, del esquema de políticas que las autoridades económicas –en especial el Banco Central- insisten en aplicar. 

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jueves, 18 de diciembre de 2014

Derechos laborales e ideologías empresariales



Derechos laborales e ideologías empresariales

Luis Paulino Vargas Solís

En buena hora que haya debate sobre los derechos laborales en Costa Rica. De mi parte, he defendido públicamente tales derechos lo cual ha suscitado descalificaciones en mi contra (ya que no argumentos) que reinciden en decirme que soy “anti-empresarial”. Creo que la cuestión merece ser desgranada con cierto cuidado, pero dejando en claro que mi alegato tiene que ver con la situación que se presenta en el sector privado. Espero, pues, que no se quiera enredar la discusión haciendo referencia al sector público, cuya situación es lo suficientemente diferente como para ameritar un trato aparte.

Mi posición se resume en lo siguiente:

1)   Objetiva y justificadamente puede sostenerse que en partes muy significativas del sector privado en Costa Rica ha habido –como tendencia general- un menoscabo en la aplicación efectiva de algunos derechos laborales, no obstante estar estipulados en las leyes y la Constitución de la república, así como en tratados internacionales suscritos por el país. Ello es contundentemente claro en relación con el derecho a la organización sindical independiente, de donde resulta una situación de suma vulnerabilidad para los trabajadores y las trabajadoras, quienes deben entonces negociar su contrato y condiciones laborales sobre una base puramente individual y, en consecuencia, en el contexto de una relación muy desigual.
2)   Apoyo, pues, que se dé plena vigencia y efectividad a tales derechos, conforme lo establecen esos diversos instrumentos jurídicos vigentes.
3)   Adicionalmente soy del parecer que el país debe proponerse seriamente continuar avanzando en materia de derechos laborales, en el entendido que ello es fundamental para garantizar una sociedad más democrática, una distribución del ingreso y la riqueza más justas y una convivencia más pacífica y digna.

¿Corresponde lo anterior a una ideología o toma de posición anti-empresarial? Ello sería válido solo si aceptamos que una presunta “ideología pro-empresarial” estaría basada en las siguientes premisas:

4)   Se disimula –con silencio cómplice o actitud permisiva y complaciente- la realidad de efectivo menoscabo que actualmente se da en relación con algunos de los derechos laborales más importantes.
5)   Se considera aceptable y se cohonesta el que derechos laborales formalmente vigentes con arreglo a las leyes, la Constitución y diversos tratados internacionales, sean desconocidos en la práctica laboral concreta. Ello supondría apoyar comportamientos ilegales, anti-constitucionales y violatorios de compromisos internacionales.

Obviamente, y dados los mencionados puntos 4) y 5), esta supuesta “ideología pro-empresarial” descartaría cualquier posibilidad de un avance ulterior hacia niveles más desarrollados de los derechos laborales, según lo que indiqué en el punto 3).

Tal “ideología pro-empresarial” conllevaría de forma implícita algunos supuestos muy preocupantes, tanto en relación con su visión de la sociedad y su concepción de la democracia, como incluso respecto del funcionamiento empresarial y las bases de su “competitividad”. Ello es así en virtud de lo siguiente:

6)   Por el desconocimiento deliberado y la anulación práctica de normas jurídicas plenamente vigentes.
7)   Por la negativa a reconocer el valor de los derechos laborales, como conquistas históricas y derechos humanos sustantivos, derivados de grandes e importantes luchas sociales.
8)   Por la consecuente negativa a reconocer que esos derechos son parte esencial y uno de los componentes más valiosos dentro del legado democrático de las sociedades contemporáneas a nivel mundial.
9)   Por la negativa a reconocer que estos principios son parte importantísima dentro del entramado institucional y de derechos, indispensable para garantizar sociedades más justas, equitativas y pacíficas.

Todo lo anterior -puntos 6) al 9)- atiende a los aspectos sociopolíticos de la cuestión y a las graves implicaciones que ello conlleva. Pero también hay un aspecto económico –atinente a la así llamada competitividad empresarial- sobre lo que esto plantea serias dudas. Lo explico enseguida:

10)         Se ha puesto en evidencia una gran resistencia –incluso un indisimulado temor- en el sentido de que la organización independiente de los trabajadores y trabajadoras pueda generar presiones que dañarían la “competitividad empresarial”, en el tanto ello podría obligar a la parte patronal a negociar, sobre una base colectiva y no persona por persona, aspectos como los siguientes: condiciones salariales; procedimientos de contratación y despido; higiene y seguridad laboral; provisión de servicios; mecanismos de estímulo y reconocimiento.
11)         Claramente se entiende que se preferiría que todo esto quede sujeto exclusivamente al arbitrio de la buena voluntad del respectivo patrono o patrona. Por supuesto los hay que son, sin la menor duda, personas muy bondadosas. Pero aquí no me refiero a las cualidades personales de quienes dirigen las empresas, sino a una cuestión –los contratos laborales- que no pueden quedar a merced de la mucha o poca generosidad que cada persona pueda tener. En cambio, debe entenderse que el trabajador y la trabajadora merecen y necesitan contar con una base sólida desde la cual poder defender sus legítimos derechos y dejar claramente establecidas sus responsabilidades.


¿Significa esto que la “competitividad” de las empresas costarricenses depende entonces de una fuerza de trabajo desorganizada, sujeta al arbitrio de la buena (o mala) voluntad del patrono correspondiente? De ser ese el caso, estaríamos en presencia de una competitividad asentada sobre bases espurias y muy endebles, con el agravante de que ello puede tener (ya está teniendo) perversas consecuencias sociales, políticas y económicas que perjudicarían seriamente (ya seguramente lo están haciendo) la competitividad empresarial.

¿Cuál es la mejor forma de sostener buenos salarios y condiciones laborales decentes, sin perder rentabilidad ni mercados? Simple: siendo mucho más productivas. Y ello supone mejor organización empresarial, mejores técnicas gerenciales, más incorporación de conocimiento, una fuerza de trabajo más calificada y motivada, tecnologías superiores, capacidad para innovar. Pero, también una serie de condiciones de contexto: desde apropiada infraestructura vial y buenos puertos y aeropuertos hasta excelentes sistemas educativos y de salud y un ambiente de paz social y seguridad ciudadana. Y ni hablar de la política económica, destacadamente en relación con dos cuestiones que hoy tienen un impacto negativo fundamental: el tipo de cambio y las tasas de interés.  Todo lo cual ilustra acerca de la falacia implícita en la idea que alguna gente sostiene según la cual el “éxito empresarial” depende tan solo del esfuerzo individual.

En realidad, la economía es un sistema complejo y articulado, dentro del cual cada empresa es solo un nodo y de ningún modo un nodo autónomo. De ahí que esa presunta “ideología pro-empresarial”, es en realidad una ideología anti-laboral que puede tener perniciosas consecuencias sociales y económicas, en menoscabo, incluso, de las empresas individuales y de su competitividad.

Impulsar el desarrollo de la productividad de la planta empresarial de Costa Rica requiere, pues, de amplios procesos de diálogo y concertación. Pero nada de ello será factible si el país continúa por el camino de ahondamiento de desigualdades y anulación de derechos por el que está siendo arrastrado. La exclusión inevitablemente genera resentimiento y furia y, por lo tanto, bloquea el diálogo y ahonda la polarización.

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