domingo, 21 de junio de 2015

Aguacates, carne de cerdo...y los mamarrachos ideológicos del neoliberalismo



Aguacates, carne de cerdo...y los mamarrachos ideológicos del neoliberalismo

Luis Paulino Vargas Solís

La discusión sobre las restricciones establecidas sobre las importaciones de carne de cerdo y aguacates, ha resultado particularmente interesante por una cuestión que, siendo de central importancia, ha pasado sin embargo inadvertida: han salido a flote algunos de los más enmohecidos espantajos ideológicos desde los que ha sido pensada y conducida la economía del país durante los últimos treinta años. Lo cual ha dado lugar a las consecuencias que hoy observamos: una sociedad mucho más desigualdad; un ambiente político sumamente crispado y polarizado; un debilitamiento generalizado de los sistemas de seguridad social, y también una economía que ha devenido crónicamente deprimida, con problemas de empleo extremadamente graves.

Quienes combaten esas medidas de restricción a las importaciones aducen básicamente dos argumentos. El uno es “el interés del consumidor”. El otro atiende a la importancia que presuntamente tendría estos productos como insumo para varias actividades productivas.

El “consumidor” es aquí una ficción que ignora sistemáticamente un dato elemental: no hay consumidor donde no hay ingreso decente, y no hay ingreso decente donde tampoco hay empleo decente. Entonces, si las importaciones generan desempleo, no pueden, por lo tanto, beneficiar al “consumidor” puesto que estarán expulsando del mercado de consumo a miles de personas. No obstante lo cual podría todavía aducirse que beneficiaría a los “demás” consumidores, aquellos que sí preservan su empleo. Y siendo ése un planteamiento descarnadamente cínico, además omite otros dos importantes consideraciones: primero, que la desigualdad y desempleo resultantes constituyen verdaderas bombas de tiempo que, potencialmente, gatillarían una incrementada violencia social; segundo, cuando sectores enteros se arruinan y crece el desempleo, con ello se generan fuerzas depresivas que, en círculo vicioso, debilitan a la economía en su conjunto, con lo que la gente afortunada que aún hoy es consumidora, podría dejar de serlo en el futuro inmediato si perdieran su empleo.

Pero, además, la apelación al “consumidor” deviene aquí metáfora que sintetiza una estrategia económica que ha privilegiado el consumo desbordado, y en particular, un consumo importado, por sobre objetivos de efectivo fortalecimiento de la economía y generación de empleo.

La forma como las cúpulas de algunas cámaras empresariales han planteado el tema lo ilustra con soberbia claridad. Básicamente dicen: necesitamos importar para sostener actividades productivas diversas que utilizan como insumo la carne de cerdo o el aguacate. Y, sin embargo, es contundentemente claro que Costa Rica tiene capacidad sobrada para producir cualquiera de esas dos mercancías y hacerlo según los mejores estándares de calidad y eficiencia. O, en el peor de los casos, estaría al alcance del país el poder hacerlo: vía crédito oportuno y barato, apoyo técnico, capacitación, transferencia tecnológica, organización de productores y apoyo institucional apropiado.


En cambio se ha optado por fomentar la importación de tales productos a través de tratados comerciales y otras normativas que imponen la liberalización comercial. Con lo cual los empleos que pudieron generarse a nivel nacional se trasladan fuera –literalmente se exportan- y se generan en otro país. Y, de paso, se profundiza –en cierto modo se osifica- el desmembramiento interno de la economía, el carácter deshilachado e inconexo que la caracteriza. Lo cual debilita la posibilidad de un desarrollo nacional sólido, sostenible e inclusivo, asentado en el aprovechamiento de la dotación de recursos del país, bajo condiciones de alta productividad, con incorporación de conocimiento, alto valor agregado, equidad distributiva y respeto al medio ambiente.

Las poderosas cúpulas empresariales y otras organizaciones devienen así beligerantes defensoras de un modelo económico que destruye empleos a favor de un consumo importado y el cual, asimismo, desperdicia, en función de estrechas consideraciones de corto plazo, las posibilidades disponibles para la construcción de una economía mucho más sólida. El espantajo ideológico se transmuta en una mística importadora en cuyo altar se sacrifican empleos y se ofrenda un sistema productivo en hilachas.

En general nadie espera ni pide que el empresario promedio entienda mucho de estas cosas. Lo suyo son las ganancias de la empresa, no el estudio de los grandes problemas nacionales. Pero si es llamativa la total miopía desde la que los ideólogos hegemónicos –en especial los economistas del mainstream- intentan racionalizar estos asuntos. La suya es una mirada obnubilada por las abstracciones ideológicas del libre comercio y el consumismo importado. Bajo esa influencia, ese gran empresariado de cúpula reincide en algo que ha devenido en su caso vicio y manía: la enunciación de discursos fuertemente ideologizados; falaces y arrogantes; amenazantes e intimidatorios, por lo tanto violentos e irrespetuosos.

Un dato adicional, absolutamente fundamental, es también omitido: todas las experiencias históricas de desarrollo capitalista exitoso han incorporado una dosis considerable de proteccionismo comercial e intervención estatal. Y si bien ello admite diversas variantes según el lugar y el momento histórico específicos, una constante permanece: el libre mercado irrestricto –incluido el libre comercio sin cortapisas- nunca ha sido una fórmula exitosa para lograr el empuje necesario. Desde la Inglaterra del siglo XVIII –no obstante haber sido la primera potencia industrial de la historia- hasta China en el período reciente. Siempre ha habido un esfuerzo deliberado destinado a promover el desarrollo de una base productiva propia, suficientemente sólida y productiva. Quienes ya han alcanzado un desarrollo capitalista avanzado descubren entonces, muy a su conveniencia, las “virtudes” del libre comercio. Quienes vinieron después –por ejemplo, Francia y Alemania, cuyo proceso industrializador es posterior al inglés- tuvieron la lucidez necesaria para  levantar diques de contención que frenasen la competencia ruinosa proveniente de la potencia más avanzada. En cambio, y por esa misma época (siglo XIX), Costa Rica se abrió sin freno ni limitación al comercio con Inglaterra. Y si bien con la exportación del café se salió de la miseria colonial, fue tan solo para entrar en la categoría, que sigue vigente hasta hoy día, de país capitalista subdesarrollado y periférico.

Acaso debamos reconocer que, 170 años después, hay cosas en la realidad de Costa Rica que siguen iguales.

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lunes, 8 de junio de 2015

Primera pareja del mismo sexo reconocida en Costa Rica: el júbilo y el dolor



Primera pareja del mismo sexo reconocida en Costa Rica: el júbilo y el dolor
Luis Paulino Vargas Solís

Cuando dos años atrás el entonces diputado José María Villalta logró introducir en la ley de la persona joven una norma que prohibía la discriminación por orientación sexual en relación con el reconocimiento de las uniones de hecho, mi primera impresión fue de escepticismo. La redacción de la norma abría el asunto a la interpretación de los jueces y, por lo tanto, lo subordinaba al poder de la cultura patriarcal y diversifóbica que prevalece en la institucionalidad pública, lo que hacía improbable llegar a resultados concretos significativos.

Me equivoqué, y celebro que así haya sido. Pero no me equivoqué del todo. De hecho, han sido rechazadas varias solicitudes previas de reconocimiento de parejas del mismo sexo. Y aunque es un hito de enorme significación el que ahora tengamos una pareja que sí recibió ese beneficio, aún es un proceso pendiente de consolidación. Esto todavía no sienta jurisprudencia e inevitablemente ha de esperarse por nuevas resoluciones. Aún no podemos descartar que otros jueces pudieran dictaminar negativamente.

Motivo de júbilo

Creo que aquí hay dos hechos que merecen ser festejados. El primero en relación con su innegable trascendencia: por primera vez en la historia de Costa Rica, una pareja del mismo sexo recibe reconocimiento legal y, por lo tanto, la protección y apoyo que la institucionalidad costarricense debería conceder a todos sus ciudadanos y ciudadanas sin distingo alguno. Esto supone una resquebrajadura importante en la estructura de poder del patriarcado, un reconocimiento de la legitimidad moral de diversas formas de familia y, en fin, un gesto de respeto frente a las múltiples posibilidades de la sexualidad y la afectividad humanas. Imposible exagerar la importancia de todo esto y la amplitud de sus potenciales implicaciones. La sociedad se vuelve un poquito más justa, nuestra convivencia un poquito más respetuosa y la democracia algo más real.

Pero además hay que celebrar el hecho de dos seres humanos han salido del terreno de la exclusión hacia uno de inclusividad. Aunque solo en cuanto que como pareja y familia –que lo han sido por más de 10 años- reciben ahora un reconocimiento jurídico e institucional del que carecían. Claro está, ello no impide que otras formas de violencia y discriminación puedan seguir perjudicándoles.


Resumo: cada ser humano que accede a un derecho que le era negado, es razón suficiente para celebrar.

Sin embargo, hay quienes descalifican este tipo de logros como una concesión a instituciones tradicionales opresivas y conservadoras –en particular el matrimonio - aduciendo, adicionalmente, que esto comporta una adecuarse a determinada normatividad dominante (la del patriarcado; la de la heteronormatividad; la del orden burgués). Dos errores creo encontrar aquí: primero, porque estas posiciones incurren justo en lo que critican, ya que su planteamiento formula un nueva normatividad a la que se exige adecuarse y someterse, la cual, no por nueva, resulta menos imperativa y, por lo tanto, opresiva. Y, segundo, porque se insiste en ignorar que la realidad no puede transformarse sino desde sí misma; o sea, que no puede hacerse tabula rasa del pasado para entonces fundar un mundo totalmente nuevo e inédito. Intentarlo exigiría suprimir todo lo existente, incluidos los propios seres humanos, puesto que en nuestra psiquis llevamos una historia escrita a lo largo de generaciones. Aparte inviable y absurda, es una idea sumamente peligrosa. De Stalin a Hitler y Pinochet, la historia nos da ejemplos extremos de lo que ello puede significar.

Los pendientes de la exclusión

Con todo y lo meritorio que hay en esto –y espero haber dejado en claro la elevada valoración que le doy- hay sin embargo muchos otros aspectos por resolver. Y no me refiero a asuntos que trascienden esta ley –por ejemplo, la extrema violencia contra las personas trans; la devastación que el sida sigue ocasionando entre la población gay; el hecho mismo de que esta ley es un asunto aún pendiente de consolidación- sino en relación propiamente con los alcances de esta normativa, y las implicaciones que ello tiene.

Recordemos: la norma aprobada forma parte de la ley de la persona joven. Por lo tanto aplica solamente a personas jóvenes menores de 35 años. Lo cual le da a esto un carácter paradójico: incluye y excluye en un mismo movimiento. Incluye (al menos potencialmente) a las parejas del mismo sexo donde al menos uno de los miembros cumple con la definición legal de “joven”. Excluye a todas las demás parejas del mismo sexo. Así, mi pareja y yo (46 y 57 años respectivamente) de pronto descubrimos que, tras 15 años  de convivencia, nos despertamos víctimas de una nueva e insospechada forma de exclusión.

Potencialmente esto genera una brecha al interior del colectivo sexualmente diverso: los mayores tendríamos que seguir luchando por un derecho que a los más jóvenes se les habría garantizado (supuesto que se llegue a consolidar, tal cual deseamos que suceda).

Aparte el desbalance jurídico y la obvia asimetría de derechos que esto plantea, hay aquí una faceta, a la vez humana y generacional, la cual probablemente resulte de difícil comprensión (y no es su culpa) para las personas más jóvenes.

Lo ilustraré sintéticamente haciendo referencia mi caso personal. Quizá algún día quiera contar la historia en detalle, siendo que por ahora solo mencionaré lo que sigue. Crecí en Zarcero, un bello pueblito rural. Mi niñez transcurrió en los años sesenta y la adolescencia hasta la entrada a la joven adultez en los setenta. Aquella etapa inicial de mi vida transcurrió en un ambiente conservador, donde la homosexualidad era denigrada, estigmatizada y reprimida de forma implacable. Al entrar a la universidad y luego al iniciar mi vida profesional, pude descubrir las relativas ventajas que daba al anonimato del ambiente urbano. Pero aún entonces –decenio de los ochentas- el grado de represión era extremo y la invisibilidad –en lo profundo del ropero- seguía siendo norma obligatoria de sobrevivencia. Con la llegada del sida –mediados de los ochentas- el nivel de violencia homofóbica creció exponencialmente, cuando, por otra parte, esa enfermedad causaba terror y devastación en el colectivo homosexual masculino. Con las primeras organizaciones que buscaban dar acompañamiento y apoyo a los enfermos, comenzaba a surgir un primer germen de conciencia colectiva. La lucha por los antirretrovirales en los noventas sumó al proceso de politización, que fue adquiriendo contornos más claros hacia finales de ese decenio y con el inicio del nuevo siglo. Diversos hitos en el primer lustro de esta centuria hicieron eclosionar el debate. En el último decenio el proceso se aceleró espectacularmente: gais y lesbianas finalmente hemos salido del ropero y hemos dado la cara.

Hay un abanico generacional –entre los 45 y los 80 años aproximadamente- que dio un aporte fundamental a todo esto. Algunos han muerto –con muertes a menudo propiciadas por la homofobia social- y otros muchos seguimos aquí. Resistimos cuando los niveles de represión y violencia alcanzaban cotas que las más jóvenes generaciones ni siquiera imaginan. Vencimos nuestros propios fantasmas y desde la oscuridad subterránea adonde se nos condenaba a estar, salimos para gritar: aquí estamos y venimos a reclamar la dosis de dignidad que nos ha sido negada.

Es música para mi alma ver que una joven pareja gay recibe reconocimiento jurídico. Y con el mismo júbilo celebraré cada nueva pareja gay o lésbica que, ojalá en el futuro inmediato, reciba el mismo beneficio.
 
Y, sin embargo, duele profundamente constatar que quienes más hemos esperado, deberemos seguir esperando. Si hasta insultante resulta la frase: “a mediano plazo también ustedes tendrán ese derecho”. Decir eso, olvida un detalle esencial: cada día en que un derecho es negado, es un día de indignidad. No creo que ningún ser humano se lo merezca. Y, al cabo, no lo digo tanto por mí, sino por amigos que frisan los 80. Quizá yo pueda “seguir esperando” no obstante lo injusto que ello resulta. Pero, por favor, que nadie cometa el atropello de decirle éso a alguien que ya ha llegado a sus 80 años.
 

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lunes, 1 de junio de 2015

Alianza opositora legislativa: dogmas y terquedades



Alianza opositora legislativa: dogmas y terquedades

Luis Paulino Vargas Solís

Desde el pasado primero de mayo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha quedado bajo control de una alianza de varios partidos de oposición, la cual parece estar conjuntada alrededor de dos principios ideológicos: el neoliberalismo –incluso un neoliberalismo más bien recalcitrante- en lo económico; y una posición moralista de ultratumba. En el primer caso, el liderazgo parece estar en manos del diputado libertario Otto Guevara, aunque con entusiasta adhesión de los llamados diputados evangélicos. En lo segundo, como resultaba esperable, la conducción está en manos de los “evangélicos”, aunque aquí también Guevara mete el hombro con notable empeño. No obstante lo anterior, y por razones de fácil entendimiento, el Partido Liberación Nacional es la verdadera fuerza hegemónica dentro de esta alianza, solo que -taimado y calculador como siempre- deja que sean otros quienes se encarguen del trabajo sucio. Y, sin embargo, es válido preguntarse si la estratagema les resultará ¿realmente la ciudadanía no va a percibir que detrás de este siniestro juego quien realmente pone las reglas es el PLN? Ya veremos.

El predominio de la enmohecida moralina “evangélica” está logrando la posposición de la agenda de derechos humanos. Pero estos diputaditos “evangélicos” no son Justo Orozco; mucho más sutiles han sabido maniobrar para evitar que los ánimos se solivianten. Y parece que lo están logrando, puesto que las organizaciones que se supone representan a los sectores interesados en aquella agenda no muestran capacidad de respuesta. Bien podríamos exclamar: ¡qué falta nos hace la chabacanería y torpeza de Justo Orozco!

En la parte económica la tal alianza se ha decantado –no sin contradicciones y claroscuros- por una agenda de austeridad fiscal. Y si bien el PLN juega al escondido en lo que a los temas de derechos humanos se trata, en cambio muestra su rostro con cierto desparpajo cuando de recortes a los presupuestos y mutilación de condiciones salariales se trata.


Admitamos que algunos regímenes salariales y de contratación en el sector público contienen algunos excesos. Y, sin embargo, sigue siendo cierto que los abusos más ofensivos –sobre todo en materia de pensiones- son los que benefician a quienes en el pasado han ocupado los más altos cargos políticos de la administración pública (en su enorme mayoría, gente vinculada a los partidos Liberación y Unidad). Inclusive a los sindicatos les convendría comprometerse con la corrección de aquello que sea manifiestamente abusivo, lo cual elevaría su legitimidad ante la ciudadanía.  Pero lo que sí es por completo inadmisible es pretender que las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas se degraden al nivel de sus contrapartes del sector privado. En este último caso, se carece, la mayoría de las veces, de cualquier organización sindical independiente. De ahí la situación de indefensión que posibilita la disminución efectiva de los derechos laborales. Por ello, dos cosas resultan urgentes: mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en las empresas privadas, y lograr que estas últimas eleven su productividad de forma que, en adelante, deje de enmascararse la ineficiencia detrás del abuso ejercido sobre trabajadores y trabajadoras.

Se intenta justificar el énfasis unilateral puesto en la austeridad fiscal desde la afirmación de que el déficit fiscal es terriblemente pernicioso. La realidad no aporta datos que permitan sustanciar tal afirmación, pero igual se la repite sin cansancio, lo cual vale también para la señora Contralora. Acaso el único argumento de peso que se ofrece tiene que ver con esa suerte de chantaje consensuado que las “agencias calificadoras” y algunos bancos transnacionales aplican. Lo cual no carece de sentido, ya que ello podría repercutir en una disminución de los flujos de capital y un eventual encarecimiento del financiamiento externo.

Y, sin embargo, es válido cuestionarse: ¿qué será más perjudicial? ¿El chantaje urdido desde el exterior o las consecuencias derivadas de la austeridad? En un artículo reciente, Yanis Varoufakis, reconocido economista y actual ministro de finanzas de Grecia, ofrecían datos que claramente sugieren que la crisis económica ha sido más severa en aquellos países europeos donde las políticas de austeridad fueron aplicadas con mayor rigor. En cambio, les fue mucho mejor a quienes manejaron sus cuentas fiscales con más flexibilidad. Con mucha diferencia, Grecia ha sido víctima del recorte más salvaje y, respectivamente, de la crisis –una depresión económica en toda la regla- más aguda.


Se insiste en atribuirle al déficit fiscal consecuencias que, en la práctica, no se las ha visto aparecer. Por ejemplo: desde hace cinco años se nos viene anunciando que produciría mayor inflación, lo cual ha resultado manifiestamente falso. O que traería aumento en las tasas de interés, cosa también inexacta ya que, excepto en los últimos meses en que la inflación se ha desplomado a mínimos históricos, las tasas pasivas (las que se pagan sobre depósitos) generalmente han estado apenas por encima de los índices de inflación, lo cual evidencia que los bancos no se han visto en apuros para captar recursos (otra historia son las tasas activas –las que se cobran sobre los créditos- mucho más altas por efecto del comportamiento ineficiente y rentístico de los bancos).

En cambio, la austeridad fiscal tiene diversas consecuencias negativas. Trae consigo efectos recesivos, puesto que disminuye la demanda global de la economía, o sea, reduce las ventas del sector privado, lo cual puede dañar el empleo. Contradictoriamente, ese debilitamiento de la economía afectaría negativamente los ingresos del gobierno y podría agravar el déficit. Pero, además, hay consecuencias de mediano y largo plazo, puesto que las instituciones y los servicios públicos se debilitan y decaen y la inversión pública se contrae, todo lo cual profundiza la desigualdad social y debilita los procesos de desarrollo de la economía a largo plazo. Un ejemplo que permite ilustrarlo es el calamitoso estado actual de la infraestructura vial en Costa Rica, lo cual es resultado de la “austeridad” que a lo largo de los años, desde el decenio de los ochenta, se impuso sobre la inversión pública.

Y, sin embargo, las propuestas de política económica de la administración Solís, tienen algunos problemas importantes. Primero, porque se insiste en un curso de políticas –bajo liderazgo de COMEX y el Banco Central- que bloquean la reactivación de la economía, lo cual, como ya indiqué, repercute en los ingresos fiscales y por lo tanto en el déficit. Con un agravante: las propuestas fiscales del gobierno no están considerando apropiadamente la persistente atonía económica. Pasando por un atajo, caen en la misma trampa de la austeridad que promueve la alianza opositora.

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