jueves, 18 de septiembre de 2014

La señora Moody's castiga a Costa Rica



La señora Moody’s castiga a Costa Rica
Luis Paulino Vargas Solís

Y lo hace acusándonos de falta de disciplina fiscal. Pero, bueno, ¿y quién es esa entrometida señora? Pues ella es parte de una especie de “triopolio” mundial, en conjunto con el señor Standard and Poor’s y la señora Fitch. Son las así llamadas calificadoras de riesgo que, en conjunto, dominan alrededor del 90% del mercado mundial de ese negocio y cuya residencia oficial es Estados Unidos.

Constituye una pandilla comprobadamente inepta e inmoral. Nada más recuérdese que esta banda delincuencial calificaba con las más altas y espectaculares calificaciones todos los sofisticados productos financieros que alimentaron la burbuja inmobiliaria de los años 2003-2006, los cuales poco después gatillaron la enorme crisis que empezó en 2007. Eran notas brillantes que premiaban a las mismas empresas que les pagaban para que las “calificaran”. Con ello aceitaban los negocios de los grandes bancos y toda la gavilla de especuladores globales. Y, sin embargo, estaban concediendo medallas de oro a porquería financiera sin valor alguno. Sin la menor duda, son cómplices criminales en la ruina de países enteros.

Eso sí, tengamos presente que sus sonadísimos fracasos tienen antecedentes igualmente vergonzosos en hechos anteriores a los de la mencionada crisis global (como aconteció, por ejemplo, con el fraude del gigante energético Enron en 2001).

Uno de los grandes fiascos de las calificadoras
Pero, bueno, está visto que las élites del poder en Costa Rica –incluida la prensa y sus economistas favoritos- no quieren acordarse de nada de esto. Razonan con la típica mentalidad del colonizado, incapaz de mirarse a sí mismo si no es a través de la mirada del colonizador. O, en todo caso, es posible que lo olviden a conveniencia, en el tanto les parece que esto puede ser aprovechado para torcer brazos a favor de sus tesis obsesivamente antiestatistas.

Y, sin embargo, no podemos meter la cabeza en la arena y hacernos como si nada de ello tuviese importancia. Lamentablemente sí la tiene. El caso es que estamos siendo chantajeados y ese chantaje no es anodino, pues estas calificadoras –no obstante lo comprobadamente fraudulentas que son- conservan un poder e influencia nada despreciable. Y ese poder es especialmente sensible cuando se trata de países pequeños como el nuestro. Ya España, Grecia o Portugal sufrieron de sus latigazos. Nada nos permite creer que no puedan dañarnos también a nosotros.

El caso es que al bajarnos la “calificación” podría entonces considerarse que nuestro país es un deudor más riesgoso. Esa percepción de todas formas existe, en virtud de nuestra pequeñez y relativa debilidad económica, y ello claramente se refleja en un margen sobre las tasas de interés que nuestra deuda pública externa debe pagar. De ahí que sean mucho más altas que las que se cobran sobre la deuda de Alemania o Estados Unidos.

Cuando la señora Moody’s decide castigarnos –y todavía peor si el movimiento fuese imitado por los otros dos miembros de esta mafia planetaria- surge la posibilidad de que ese margen sobre las tasas de interés aumente aún más. En cuyo caso tomar deuda en el extranjero, e incluso refinanciar deudas viejas, se hará más difícil. También los bonos de deuda externa emitidos en el pasado podrían perder valor a causa del alza en las tasas de interés.

En el peor de los escenarios el país podría ver limitado –quizá severamente- su acceso a fondos externos vía endeudamiento público y privado o proveniente de inversión extranjera. Y aunque quedaría la opción de movilizar el ahorro interno hacia un uso más productivo y provechoso, en vez de malgastarlo en el tipo de negocios fáciles que la banca actualmente privilegia, todavía seguirá siendo cierto que al país le conviene no prescindir de fuentes externas de financiamiento en condiciones favorables.

Pero subrayo lo dicho: ése es el peor de los escenarios. Antes de que una cosa así pudiera ocurrir, el país podría hacer cosas diversas que le permitan conjurar la amenaza y dejarla en lo que debería ser: una impertinencia y un exabrupto por parte de una transnacional con pésimos antecedentes morales y técnicos.

Otro de sus enormes fraudes
Si la cuestión tiene que ver con la magnitud del déficit fiscal, habría que avanzar en soluciones de signo positivo que permitan ponerlo bajo control.

La opción restrictiva puede fácilmente revertirse como un bumerang: debilitaría la economía –más todavía de lo que está- lo que indudablemente perjudicará los ingresos del gobierno. Siendo innegable que hay mucho por hacer para mejorar el funcionamiento del sector público, y que sin duda hay excesos y despilfarros que urge enmendar, también es verdad que los tijeretazos indiscriminados pueden ocasionar un daño mayor que el que se pretende resolver. Sobre todo, debe quedar claro que la presunción de que reducir el gasto público es algo bueno de por sí, es errónea. Y ello por muchas razones, una de las cuales es que, a corto plazo, puede hundir una economía que de por sí anda trastabillante.

Tomándose muy en serio la necesidad de un reordenamiento racional de las instituciones públicas, en todo caso lo esencial tiene que ver con la necesidad de aumentar los ingresos, incluso porque ello es indispensable para fortalecer los servicios públicos y dotarlos de la necesaria capacidad para atender las demandas de la ciudadanía. Para ello necesitamos una buena reforma tributaria, pero también –y por lo menos igual de importante- de una reactivación sostenida de la economía.

Esa reactivación no vendrá de la economía mundial –entrampada como está en un estancamiento de largo plazo- es decir, no nos llegará de los mercados con los cuales el proyecto neoliberal ha propiciado una vinculación a profundidad. Hay que buscarla por otras vías, y ello exigirá de una tremenda capacidad creativa en la formulación de nuevas políticas y una nueva institucionalidad, y para la creación de nuevas alianzas económicas internacionales.

La inversión pública en infraestructura es una alternativa para mejorar el desempeño de la economía y generar empleos a corto plazo. Reactivar el mercado interno y, en especial, recuperar y relanzar el mercado centroamericano son alternativas de mediano plazo cada vez más necesarias. El desafío de la productividad, la incorporación de conocimiento y valor agregado supondrían cambios profundos en nuestros modelos productivos, pero es algo hacia lo que debemos movernos en plazos más largos.

Para el gobierno de Luis Guillermo Solís este es un gran desafío pero también una magnífica oportunidad ¿sabrá aprovecharla?

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domingo, 14 de septiembre de 2014

Déficit fiscal: cuidado con las tijeras y el machete



La herencia fiscal que dejó Chinchilla

Déficit fiscal: cuidado con las tijeras y el machete
Luis Paulino Vargas Solís

En materia fiscal y de funcionamiento de las instituciones del Estado, lo que hoy tenemos es una situación de desfinanciamiento crónico y servicios gravemente deteriorados. Ello es resultado de la confluencia de tres factores, principalmente: a) el clientelismo, la corruptela y la irresponsabilidad de las altas dirigencias de los dos partidos hegemónicos durante los últimos treinta años; b) la influencia de intereses gremialistas  estrechos asentados al interior de la institucionalidad pública; c) el peso decisivo de una dogmática ideológica que, dominante por ya tres decenios, ha promovido la exención de tributos a favor de los intereses económicos más poderosos, mientras imponía la restricción y el desmantelamiento en lugar del impulso a reformas racionalmente orientadas hacia una mayor flexibilidad y eficacia organizativa y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Hablamos, pues, de una situación de muy largo plazo que impacta tanto en una insuficiencia perdurable de los ingresos tributarios, como en un estado de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública. Y, sin embargo, debe enfatizarse que tras el impacto de la crisis económica mundial en 2008-2009, se ha entrado en una nueva etapa en la que el proceso de declive y la descomposición se ha acelerado. Por seis años al hilo (y vamos para el séptimo) el déficit fiscal se mantiene tercamente instalado en niveles muy elevados, de donde derivan impactos sobre la deuda pública que van resultado cada vez más visibles.

Esa es la situación que hereda Luis Guillermo Solís y que se refleja en proyecciones que anticipan la posibilidad de un déficit fiscal cercano al 7% del PIB en 2015. Sin duda es una situación que conlleva riesgos, ya que podríamos quedar atrapados en un círculo vicioso en que debemos tomar más deuda para cancelar compromisos asociados a deudas más viejas. Ello tendría múltiples consecuencias negativas, puesto que agudizaría las presiones para recortar los servicios esenciales y liberar así recursos para el pago de las obligaciones de la deuda, es decir, para la transferencia de dinero hacia sectores rentistas de altos ingresos, lo que conllevará, adicionalmente, un redistribución regresiva del ingreso.

Helio Fallas, Ministro de Hacienda
Pero, por otra parte, se insiste en atribuirle al déficit efectos que claramente no ha tenido ni está teniendo. Primero, se asegura que causa inflación. Y, sin embargo, los datos muestran con absoluta contundencia que los elevados déficits de estos años han estado acompañados de tasas de inflación que son las más bajas en más de cuarenta años. También se advierte que el déficit provoca elevación de las tasas de interés. Pero lo que se ha visto es que las autoridades monetarias han sido capaces de reducirlas cuando ha habido la voluntad política de hacerlo.

Más allá del sesgo ideológico desde el que se expresan los economistas que tales cosas afirman, lo real es que durante todo el período posterior a 2007, lo que hemos tenido es una economía anémica y vacilante, en la que persisten elevadísimos niveles de desempleo, subempleo e informalidad laboral. En ese contexto es altamente improbable que el déficit fiscal pueda provocar ni inflación ni elevación de las tasas de interés, y menos cuando se permite –como lo ha hecho el Banco Central- que se valorice el colón frente al dólar, lo cual también contribuye a mantener baja la inflación (además de ser otro peso muerto que debilita el dinamismo económico).

La persistente atonía que muestra la economía costarricense obedece a razones que lo mismo operan desde la oferta y a nivel microeconómico, que desde la demanda y a nivel macroeconómico. Lo primero en relación con una compleja gama de problemas que inciden en bajos niveles de productividad, limitado valor agregado y una casi nula capacidad de innovación tecnológica, en un contexto de abusiva concentración de privilegios a favor de la inversión extranjera y revalorización del colón. Lo segundo en relación con el debilitamiento de la demanda en todos sus componentes: por parte de las familias, dado el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la atenazante inseguridad económica; por parte de las empresas, reacias a invertir ya que no perciben que las perspectivas económicas sean propicias; y por parte de la economía mundial –lo cual afecta las exportaciones y el turismo- atascada en un estado de estancamiento que no parece encontrar salida.

En ese contexto, es muy factible que el déficit fiscal contribuya a mantener un nivel mínimo de demanda, en ausencia del cual el debilitamiento de la economía sería aún más agudo. Esa es la parte positiva que tercamente quiere ser ignorada. Y justo ahí está el riesgo que conlleva la histeria que por estos días se ha desatado en la Asamblea Legislativa, bajo el liderazgo de Ottón Solís.

Se parte de una presunción pesimista sobre el Estado desde la que, a
Diputado Ottón Solís
capricho, se diagnostican despilfarros y abusos. Ello lleva a enfatizar una agenda negativa de tijera y machete, la cual a corto plazo  agudizará el estancamiento de la economía, y cuyas consecuencias a mediano y largo plazo implicarán agravar el decaimiento de los servicios público.
Siendo además esperable -como por estos días lo ratifica la experiencia europea- que el debilitamiento de la economía a su vez provoque mayor deterioro de las finanzas públicas.

En contraste con lo anterior, y como corolario de este artículo, permítase sintetizar el tipo de aspiraciones que deberían guiar una agenda de tono y orientación positiva:

a)    Una carga tributaria respecto del PIB en los alrededores del 22%, asentada prioritariamente en impuestos justos y progresivos, con base en lo cual cubrir satisfactoriamente las necesidades de financiamiento de los servicios corrientes que el Estado debe brindar (educación, policía, cárceles, apoyo a la agricultura y a las pequeñas empresas, entre tantas otras cosas de similar importancia).
b)   Con máxima eficiencia y probidad en la prestación de tales servicios y, por lo tanto, con supresión de cualquier tipo de gasto superfluo.
c)    Asentado en un sistema de remuneración del personal que reconozca su calificación y premie su compromiso y empeño.
d)   Y que recurra a la deuda de largo plazo en condiciones de financiamiento favorable para la realización de la inversión pública en áreas estratégicas que reactiven la economía, eleven su productividad, ahorren energía y protejan el medio ambiente.

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sábado, 6 de septiembre de 2014

El cambio que Luis Guillermo Solís nos ofrece



El cambio que Luis Guillermo Solís nos ofrece
Luis Paulino Vargas Solís

En su discurso de rendición de cuentas con motivo de lo “100 días”, el presidente Luis Guillermo Solís por primera vez esbozó con relativa claridad las calidades y orientación principal del cambio que él querría impulsar desde su gobierno. Lo que se nos ofrece se ubica principalmente en el orden ético: rectitud en la gestión de los asuntos públicos y compromiso con un trabajo serio y riguroso.

Algunos contenidos del discurso presidencial así lo evidencian. Por ejemplo, este fragmento: “…pido a todas y todos quienes tengamos alguna responsabilidad en el manejo y funcionamiento del Estado, que seamos responsables, críticos sí, pero también honestos y comprometidos servidores de las y los costarricenses”, lo cual se reafirma en otros planteamientos como los siguientes: “…el cambio emprendido por este Gobierno requiere de acciones urgentes que demuestren decencia personal en sus jerarcas, vergüenza cívica y sentido de responsabilidad. Dar ejemplo es fundamental”.

Interpreto que se trata de una forma distinta de hacer las cosas: honesta, seria y transparente. Lo cual –bueno es enfatizarlo- no es poca cosa, puesto que venimos de una larga pesadilla de gobiernos manejados por gentes para quienes los límites entre el interés personal y el público son no simplemente difusos y porosos, sino incluso movibles, de forma que las cosas aparecen, alternativamente, y a conveniencia, como públicas o privadas. Toda una cultura política construida desde el cinismo y la venalidad, marcada por el descuido, el despilfarro y la chapucería, y manifiestamente irrespetuosa para con la inteligencia de la ciudadanía.

Si este compromiso es serio y sincero, y si, sobre todo, se le lleva a una satisfactoria realización, el gobierno de Luis Guillermo Solís merecerá ser reconocido y recordado con respeto y agradecimiento. Este es uno de los desafíos centrales en la Costa Rica actual, pero no es el único. Estoy seguro que Solís así lo entiende, pero lo cierto es que los otros grandes retos por enfrentar no suscitan de su parte una toma de posición tan clara y coherente.

Hay, como mínimo, otras dos grandes problemáticas: primero, la pobreza y la desigualdad; segundo, y estrechamente relacionado con el anterior, el desafío que plantea una economía fracturada por múltiples asimetrías y asentada sobre bases productivas muy frágiles.

El presidente nos ofrece entonces algo así como una fórmula de compromiso, una especie de alquimia de dudosa coherencia y solidez. Nos habla entonces de “…la lucha por disminuir las desigualdades sociales y combatir la pobreza extrema”, respecto de lo cual trae a colación la “Estrategia nacional de empleo y producción” que hace pocos días fue hecha pública. Simultáneamente ofrece mensajes de “tranquilidad” claramente dirigidos a los grandes poderes económicos.

Así, por ejemplo, nos dice que el gobierno prefiere “…una reforma integral pero paulatina, que no frene el crecimiento de la economía y que resulte justa para todos los sectores productivos”, lo cual puede válidamente interpretarse como un guiño al gran empresariado como garantizándole que no habrán cambios que puedan tocar su estatus privilegiado. Ello queda aún más claro cuando plantea que su esfuerzo por “…adecentar el ejercicio de la función pública” va de la mano con el de “…crear un clima de confianza y de seguridad para la atracción de inversión extranjera y la promoción de la inversión nacional”.

Lo que tenemos entre manos pareciera ser un juego de equilibrios cuya concreción real podría ser más difícil y complicada de lo que el discurso presidencial quisiera reconocer.

Sin duda,  el presidente es sincero en su propósito de enfrentar la pobreza y paliar la desigualdad. Y con seguridad está pensando en impulsar posibilidades de organización empresarial y productiva que, en mayor grado, tomen en cuenta criterios de inclusión y equidad, y no tan solo los chatos principios de competitividad que modelan todo el discurso y las políticas de inspiración neoliberal. Pero, entonces, la pregunta por responder es la siguiente: ¿es posible mantener intacto todo el frondoso aparato institucional que sustenta el proyecto neoliberal y lograr al mismo tiempo impulsar y llevar a un grado satisfactorio de realización lo objetivos de equidad que se proponen?

El modelo económico vigente –asentado en el capital extranjero, las zonas francas, la liberalización bancaria, los mercados desregulados, los tratados bilaterales y la apertura comercial- marca la cancha de forma bien definida y estrecha severamente los márgenes de maniobra disponibles. La banca da un ejemplo clarísimo de ello con su marcadísimo sesgo hacia el negocio que garantiza ganancias fáciles. De ahí que tanto se insista en la “banca de desarrollo”, la cual ha probado ser tan solo un mal remiendo para un roto demasiado ostentoso.  Por su parte, las políticas de atracción de inversión extranjera –a favor de las cuales el presidente ha reiterado su entusiasta adhesión- están estrechamente vinculadas con los tratados comerciales, los que, a su vez, imponen condiciones, tanto respecto de las inversiones como en relación con el comercio, que limitan la posibilidad de gestar políticas que activamente promuevan nuevos sectores de la economía sobre otras bases productivas y organizativas.

Los instrumentos diseñados desde una óptica neoliberal responden a una ideología según la cual la economía debe dejarse bajo control de los grandes capitales, a cuyo favor se diseñan políticas e instituciones. Esos instrumentos son ineficaces –y devienen un pesado obstáculo- si lo que se busca es una economía que aproveche –mediante la incorporación de conocimiento y alto valor agregado- la dotación de recursos del país. Mucho menos si al mismo tiempo se busca una distribución equitativa de la riqueza y el ingreso y formas de relación social asentadas en principios más solidarios y democráticos. No hay en esto mucho misterio, igual que resulta claro que una pelota de futbol no es apropiada para jugar tenis.

Me resisto a pensar que el presidente no logre entender esto tan básico. Y si, entendiéndolo, sin embargo se resiste a convertirlo en propuestas de política concretas, es porque sabe que su gobierno no tiene la fuerza política que sería necesaria para impulsar una reforma progresista del alcance de la que aquí sugiero. De ahí su discurso de compromiso, en el que intenta mantenerse fiel a aquello que considera necesario, pero sin desafiar los grandes intereses económicos que siguen siendo hegemónicos.

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domingo, 24 de agosto de 2014

La estrategia de empleo y producción de la administración Solís




UCCAEP no le da permiso al gobierno

La estrategia de empleo y producción de la administración Solís
Luis Paulino Vargas Solís

En 1984 el Presidente Luis Alberto Monge nombró a Eduardo Lizano como Presidente Ejecutivo del Banco Central. En adelante Lizano pasó a ser el ideólogo más influyente del neoliberalismo criollo, maestro y mentor de varias generaciones de economistas costarricenses que abrazaron, con inflamada pasión, esa ideología. Sus aportes –para bien o para mal- fueron sustantivos; como ningún otro él supo clarificar el sendero que conducía a la reestructuración de la economía costarricense, en tránsito desde el modelo económico propio del proyecto socialdemócrata-desarrollista, hacia la “nueva” economía que se gestaría en los marcos del proyecto neoliberal.

Los escritos de Lizano de mediados y segunda mitad de los ochentas y a lo largo de los noventas, eran claros y contundentes: su propuesta iba encaminada a subvertir en profundidad la vieja estrategia económica. Su crítica no se anduvo con remilgos: lanzaba mortíferos misiles contra la protección agrícola, contra el sistema arancelario, contra la banca nacionalizada, contra los subsidios al consumo popular. E igual promovía con decisión la liberalización y desregulación financiera, la restricción del gasto y el empleo públicos, la promoción de exportaciones, la más amplia apertura externa al comercio y los capitales.

He recordado todo esto a propósito de la de la propuesta gubernamental titulada “Estrategia nacional de empleo y producción: el empleo en el corazón del desarrollo”, dada a conocer recientemente.

Lo que ahí se nos ofrece es, en general, positivo, y como tal merece ser apoyado. Hay un conjunto de ideas bien encaminadas, orientadas a propiciar la generación de empleos; impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas así como los emprendimientos de la “economía social-solidaria”. También se busca propiciar la inclusión laboral equitativa de las mujeres y las personas jóvenes; la generación de empleos de mayor calidad y el desarrollo regional equilibrado, entre otros asuntos de similar importancia. Falta precisar detalles –siempre traicioneros como bien lo sabemos- pero como hoja de ruta ciertamente tiene sus virtudes.

Presidente Solís al presentar la estrategia
Se insinúa también una crítica –tímida e imprecisa- a la estrategia neoliberal hegemónica. En particular, se mencionan de pasada algunos cuestionamientos al vigente modelo de atracción de inversiones extranjeras, en relación con sus limitadas capacidades para generar empleos y aportar valor agregado. Se reconocen asimismo los problemas no resueltos de desigualdad social, desequilibrio regional y el marcado deterioro del empleo, lo cual sugiere una crítica implícita a los resultados de la propuesta neoliberal.

Pero, sin la menor duda, se elude cualquier posible cuestionamiento de fondo e integral a esa estrategia. Podríamos representarlo imaginando una casa ruinosa que le provoca muchos disgustos e incomodidades a quienes la habitan. Lo que se propone no es su reconstrucción, sino tan solo un reacomodo de los muebles y, quizá, alguna pequeña remodelación de algunos aposentos.

Podríamos entonces decir que el gobierno de Luis Guillermo Solís no parece tener posibilidades de ser el equivalente histórico –aunque de signo cambiado- de lo que fue el de Monge Álvarez. Si éste puso los motores que en administraciones posteriores propulsaron la reestructuración neoliberal de la economía –cosa que se hizo clarísima a partir del momento en que Lizano llegó al Banco Central- en cambio Solís lo que nos ofrece son bienintencionadas ideas encaminadas a aliviar las peores consecuencias de la vigente estrategia económica, sin modificar ninguno de los parámetros fundamentales en que ésta se asienta. Si en los ochentas y noventas un Lizano subversivo abiertamente empujaba a favor de aquella contrarreforma, en el gobierno de Solís lo que tenemos es un grupo de técnicos, buenas personas, profesionales competentes, pero, en cualquier caso, ideólogos tímidos y de limitadas miras.

Ello remite, en un nivel más fundamental, el contexto sociopolítico en que este gobierno se gestó y vio la luz. El enorme cúmulo de votos recibidos tan solo le provee una legitimidad abstracta e inaprensible, que, en todo caso, es tan volátil y caprichosa como lo es el propio electorado costarricense. Por lo demás, es un gobierno asentado en una coalición política débil, difusa y hasta contradictoria. Cuando, por otra parte, los sucesivos gobiernos costarricenses del período neoliberal, desde Monge en adelante y hasta mediados del primer decenio del siglo XXI, funcionaban dentro de una matriz sociopolítica ampliamente favorable al programa neoliberal. Han sido los defectuosos resultados que éste ha tenido lo que ha subvertido esa base de poder, y ha puesto al neoliberalismo en posición defensiva. Y, sin embargo, el reacomodo no alcanza como para dar lugar a una fuerza política de suficiente peso, que empuje en otra dirección. Tenemos así un proyecto neoliberal renqueante, cuya dominancia es ahora vacilante, pero que, en todo caso, sigue conservando más fuerza que la que sus opositores tienen.

Ello se refleja en el gobierno de Solís. Más allá de sus buenos propósitos,
Ministro Morales uno de los responsables de la estrategia
sus márgenes de maniobra son estrechos y esta propuesta sobre empleo y producción así lo muestra.

Por lo demás, se atreven aquí a proponer un rol para el Banco Central que no es el que el Presidente Ejecutivo de esa institución (nombrado por el mismo Luis Guillermo Solís) le reconoce. Aparte la contradicción evidente, esto plantea un predicamento macroeconómico no resuelto, el cual no es el único de ese tipo que queda sin consideración dentro del documento, cuyo sesgo es marcadamente microeconómico. Por lo demás, y dentro de su misma limitación estratégica, no se alcanza a clarificar –aunque solo fuere como orientación general- el tema de los mercados, con lo que parece incurrir en una falacia económica que discurre, silenciosa pero pertinaz, en los discursos al uso en Costa Rica: la idea de que basta generar una oferta (en este caso mediante el impulso a muchas pequeñas empresas y emprendimientos de economía social-solidaria) para que se garantice el mercado donde colocar su producción (tal es la falacia de la llamada “ley de Say”). Si bien se menciona algo en relación con el direccionamiento de la demanda por parte del sector público hacia ese tipo de empresitas –lo cual es correcto y positivo- sin duda ello es marcadamente insuficiente.

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