viernes, 13 de mayo de 2016

Crisis del empleo en Costa Rica: el deterioro continúa



Crisis del empleo en Costa Rica: 
el deterioro continúa
Luis Paulino Vargas Solís

Una mirada superficial y ligera a los datos sobre empleo que dio a conocer el INEC ayer 12 de mayo a partir de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del primer trimestre de 2016, podría llevar a la errónea conclusión de que se ha registrado una mejora.

En lo que a la tasa de desempleo se refiere, nada ha cambiado: el 9,5% reportado corresponde con exactitud a ese rango lamentable y triste –entre 9 y 10% – que ha sido la constante durante los casi seis años en que se ha realizado esa encuesta. Pero, en cambio, hay una reducción más o menos considerable en los índices de subempleo e informalidad laboral. El subempleo bajo 3,4 puntos porcentuales comparado con el dato de un año antes (primer trimestre 2015). En ese mismo período la población trabajadora en la informalidad, cae en 103 mil personas. De ahí que la tasa de informalidad –como porcentaje de la población ocupada total– se reduce en 3,9 puntos porcentuales y, en especial, hay una considerable reducción de la tasa de informalidad entre las mujeres (reducción de 5 puntos porcentuales) que, en números absolutos, representa 59 mil trabajadoras informales menos.

Hasta ahí, todo parece bastante bueno. Pero…pues sí, hay un “pero” y éste es morrocotudo, realmente grave y preocupante: por tercer trimestre consecutivo, se reduce el número de personas empleadas. Así, en el primer trimestre de 2016 hay 58.467 personas empleadas menos que un año antes. La fuerza de trabajo, o sea, el número total de personas en disposición de trabajar (sea que estén ocupadas o no), se redujo en ese mismo año en 81 mil personas. El número de personas que se sitúan fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 143 mil personas. Y no se crea que esto pudiera deberse a una reducción de la población en edad de trabajar, ya que en realidad ésta creció en más de 62 mil personas durante ese año.

Estos son datos que deberían prender luces de alarma en el gobierno Solís Rivera. Sin exageración alguna, es algo que debería ser considerado emergencia nacional, infinitamente más importante que el problema fiscal.

Por otra parte, esto explica por qué se reduce el subempleo y la informalidad laboral y por qué las tasas de desempleo no son más altas de lo que son: simplemente la fuerza de trabajo se ha venido contrayendo de forma significativa. Gente que estaba subempleada, en la informalidad o desempleada, se cansan de sobrellevar esas situaciones laborales anómalas y optan por salirse del mercado de trabajo. Aunque todavía el INEC no proporciona datos suficientes para caracterizar el fenómeno con precisión, sí puede afirmarse con certeza que son sobre todo las mujeres las que están abandonando la fuerza de trabajo, lo cual incrementa aún más el sesgo injusto e inequitativo que todo esto tiene. Sin duda el mercado laboral sigue siendo un territorio especialmente hostil para las mujeres.

Todo lo anterior apunta contundentemente en un sentido: la situación del empleo ha llegado a un grado tal de deterioro, que mucha gente –y en especial las mujeres– están optando por salirse del mercado de trabajo. Aparte el drama humano que a nivel personal y familiar esto entraña, ello advierte acerca de la aguda incapacidad de la economía costarricense para proporcionar empleos decentes en cantidad suficiente. Pero no perdamos de vista la enorme pérdida de capacidades productivas que ello entraña, no solo hoy día sino hacia futuro, puesto que la gente que queda excluida de los mercados laborales tiende a perder destrezas adquiridas o a rezagarse en el proceso de adquisición de nuevas destrezas, lo cual dificulta adicionalmente su empleabilidad futura.

Una cosa es clarísima: no hay nada qué celebrar, en cambio hay mucho de qué preocuparse. Y, sobre todo, es urgente actuar. En ese contexto algo más es igualmente claro: la fiebre irracional que ha echado raíces en la Asamblea Legislativa pretendiendo llevar adelante recortes draconianos del gasto público es, en este momento, una idea absurda, descaminada y extremadamente peligrosa. Cuando la economía manifiesta tales síntomas de debilidad, optar por la austeridad fiscal de la forma como esos diputados y diputadas pretenden hacerlo es envenenar, de forma deliberada y criminal, al paciente. Arriesgan profundizar una crisis del empleo que es muchísimo más grave y dañina que la mal llamada crisis fiscal.

lunes, 9 de mayo de 2016

La "alianza opositora" está detrás del palo en el tema fiscal



La “alianza opositora” está detrás del palo en el tema fiscal

Luis Paulino Vargas Solís


-         Entre finales de 2014 y finales de 2015, según lo muestran los datos del INEC, el empleo en el sector público se redujo en 14.032 personas, equivalente a una reducción del -5%.

-       Entre inicios de 2012 –a mediados del gobierno de Chinchilla– y finales de 2015, la reducción es de 59.468 puestos de trabajo menos en el sector público: una reducción del -18,2%

-       Entre inicios de 2014 y fines de 2015 el empleo público se redujo en 54.461 puestos de trabajo, o sea, un -17% menos. Sin duda, toda o la casi totalidad de esta reducción ha sido ejecutada por la administración Solís Rivera.

-         Entre marzo 2015 y marzo 2016, el gasto total del Gobierno Central creció 1,5%, incluyendo un aumento de 3,4% en la parte de remuneraciones y un recorte de -28,5% en la compra de bienes y servicios. El gasto corriente aumenta un 4,3% pero ese incremento se explica casi totalmente (un 80%) por el aumento en los pagos de intereses.

-         Para ese mismo período se registra una reducción de -17% en la inversión pública (-26,4% si comparamos con marzo 2014).

-         Si se excluye el pago de intereses, el gasto se reduce en -1,9%.

-         Valga enfatizar: los intereses son, con mucho, el rubro que más crece y cada vez a mayor velocidad. En el año comprendido entre marzo 2015 y marzo 2016 crecieron casi 24%, mucho, pero muchísimo más que ningún otro rubro. Como proporción del gasto total los intereses pasaron de representar un 13,3% en marzo de 2015 a representar un 16,2% en marzo de 2016. O sea, 2,9 puntos porcentuales en tan solo un año. Respecto de marzo 2014 (dos años atrás) el aumento es de casi 4 puntos porcentuales.

-         Al proyectar al año 2016 los datos correspondientes al primer trimestre, nos encontramos con un déficit del Gobierno Central que potencialmente sería del -5,2% del PIB. Sin incluir intereses de la deuda, el déficit sería de tan solo -2,0%. Esos intereses por sí solos provocan un déficit del orden del -3,2%.

-         La reducción en el empleo público, en la compra de bienes y servicios y en la inversión pública a que el gobierno ha recurrido para atenuar el déficit tiene graves consecuencias sobre la economía; contribuye a ralentizarla justo cuando más necesitada está de recibir un estímulo positivo originado en el sector público. Ello además agrava los de por sí agudos problemas del empleo en un doble movimiento: directamente al reducirse el número de servidores públicos e indirectamente al recortarse la demanda de bienes y servicios y la inversión por parte del Estado.

-         En la medida en que el déficit se origina hoy en el pago de intereses, con ello asimismo se pierde el efecto estimulante que ese déficit debería tener sobre la economía. Una parte de esos pagos (aproximadamente el 16%) va a la propia institucionalidad pública, lo que equivale, sin más, a sacar dinero de un bolsillo para pasarlo a otro. Pero, sobre todo, el pago de intereses redistribuye ingresos a favor de sectores rentistas muy poderosos y privilegiados: el propio sistema financiero en primer lugar (alrededor del 21%) y el sector privado en general (32,4%), lo cual corresponde, sobre todo, a gente de muy altos ingresos. Poco o nada de eso revertirá en demanda de nuevos bienes y servicios, por lo que el efecto positivo sobre la economía se diluye hasta prácticamente desaparecer.

-         En resumen: el gasto total del gobierno, excluidos los intereses, está decreciendo. El total de gasto corriente, así como las remuneraciones, crecen levemente, mientras las compras de bienes y servicios y la inversión pública se reducen drásticamente. El total del empleo público viene también reduciéndose en forma muy sostenida y significativa. O sea, y en resumen: estamos viviendo un proceso de desmantelamiento e inutilización de la institucionalidad pública, con consecuencias dañinas a corto plazo para la economía y el empleo, y con perniciosos efectos de largo plazo para el buen desarrollo de nuestra sociedad.

-         La histeria austeritaria –recorte y mutilación del sector público–  que la tal “alianza opositora” quiere imponer desde la Asamblea Legislativa, es, en rigor, una pelea contra fantasmas, pero de ninguna manera una pelea inocente. No hay tales excesos de gasto, excepto en el rubro de intereses. Los fantasmas simplemente son una justificación para encubrir sus afanes ideológicos contra la institucionalidad pública, contra el Estado costarricense e, incluso, contra algunos fundamentales derechos laborales.

-         Nada de lo anterior niega que no sea necesario hacer un máximo esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios públicos y para corregir y sanear vicios y excesos que efectivamente existen. Pero el proceso de mutilación del que la institucionalidad pública está siendo víctima –y que la alianza opositora quiere profundizar– imposibilita radicalmente introducir las mejoras y correcciones a que aspiramos. Una institucionalidad pública mutilada es una institucionalidad pública inutilizada, así de simple y doloroso.

-         Si el problema principal es, con mucho, el pago de los intereses, sobre esto debe necesariamente actuarse. Y esencialmente son tres las vías para hacerlo: a) hacer que bajen las tasas de interés en el mercado interno, lo cual pasa por exigir más eficiencia y menos rentismo por parte de la banca; b) reactivar la economía, incluyendo en esto una vigorosa reanimación de la inversión pública, y una amplia gama de otras medidas muy necesarias (incluyendo tipo de cambio); c) una reforma tributaria justa y equitativa y el combate tenaz al fraude fiscal que provea nuevos ingresos y contribuya, primero, a recuperar esa institucionalidad pública en proceso de derretimiento y, segundo, a frenar el crecimiento de la deuda pública.

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jueves, 18 de febrero de 2016

Crisis fiscal: a la búsqueda de soluciones en serio



CRISIS FISCAL:
A LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES EN SERIO

Luis Paulino Vargas Solís

Transformación del sistema tributario

1)     Una reforma tributaria progresiva

a.      Impuesto progresivo a los patrimonios personales y/o familiares: tasas progresivas: 1,0% cuando la dotación patrimonial está entre 300 y 600 millones de colones; 2% sobre 600 millones y hasta mil millones; 3,0% por encima de mil millones.
b.      Impuestos progresivo sobre herencias y donaciones: 15% para herencias entre 300 y 600 millones de colones; 27,5% para herencias entre 600 y mil millones; 40% por sobre los mil millones.
c.      Impuestos verdes que se aplicarían preferentemente a nivel municipal, cuando a juicio del órganos municipal correspondiente, se determine y justifique apropiadamente que una actividad económica o de otra índole está produciendo contaminación de ríos o quebradas, lagos o lagunas, mantos acuíferos; cuando contamina el aire; cuando genera contaminación visual;  genera excesivos desechos sólidos; produce daños significativos en el entorno natural o el paisaje, sobre todo si hay afectación de bosques, humedales o similares. Cuando la que produce la afectación es una empresa, el impuesto se calculará como una tasa sobre el monto anual de las utilidades o de las ventas de esa empresa, según tasas progresivas del 5, 10 y hasta 15%, dependiendo de que la empresa sea reincidente. Si fueran personas, familias o actividades de índole no mercantil (que producen para el mercado) se fijarían como monto equivalente a 10, 20 o 30 salarios mínimos, dependiendo de que se reincida en el comportamiento perjudicial para el ambiente.
d.      Modificaciones al impuesto sobre la renta de forma que se establezcan tasas marginales del 20% para ingresos por encima de cinco millones de colones hasta 7,5 millones; 25% por encima de 7,5 y hasta 10 millones; y del 30% para ingresos superiores a 10 millones mensuales.
e.      Aprobación de renta global y renta mundial
f.       Se aprueba IVA manteniendo la tasa en 13%. Se establecerá una tasa del cero por ciento para la canasta de consumo popular, con el fin de que su costo no sea vea afectado, pero sí de forma que mantenga el registro y fiscalización que el IVA permite. No deberían haber excepciones de ningún tipo, aunque sí tasas preferenciales en casos debidamente justificados por su deseabilidad social. Por lo tanto, también se suprimirá la exención que hoy día beneficia a zonas francas.

Control de la evasión y supresión de privilegios tributarios

2)     Asumir como política de Estado la promoción de un esfuerzo de concertación entre los gobiernos a nivel internacional, para el intercambio de información, la total transparencia en el manejo de la información relevante para fines tributarios y el combate concertado contra los paraísos fiscales y el dumping fiscal. Puesto que los mecanismos de evasión y elusión tributaria han tendido a globalizarse, otro tanto deben hacer los mecanismos por medio de los cuales se les controla. Y puesto que los capitales presionan a los gobiernos para obtener privilegios en materia tributaria aprovechándose de sus posibilidades de movimiento entre distintas localizaciones, a su vez los gobiernos deben concertar esfuerzos que permitan establecer mínimos de tributación vigentes a nivel mundial, de los cuales ningún capital, por más transnacionalizado que esté, pueda escapar.

3)     Fortalecimiento de las leyes para el control de la evasión tributaria, incluyendo sanciones fuertes y realmente significativas que desestimulen y penalicen efectivamente la evasión, las cuales podrían operar directamente sobre las ganancias empresariales o bien mediante penalizaciones que obliguen a cerrar por varios días los negocios morosos o evasores (incluyendo el ejercicio de una profesión liberal cuando sea del caso). La penalización así aplicada debería crecer conforme más elevado el monto del incumplimiento, y debe ser definida de un modo tal que afecte de modo sensible el giro del negocio y no pueda compensarse con la que se gana al evadir tributos. Incorporar también manejo totalmente transparente de la información, incluyendo registro de accionistas bajo control del Ministerio de Hacienda y potestad administrativa para que este último solicite la información bancaria detallada de cualquier persona física o jurídica sobre las que hay justificadas sospecha de fraude tributario. Con ese fin, el Ministerio de Hacienda debe hacer las inversiones que sean necesarias en materia de equipamiento tecnológico y capacitación del personal, para garantizar total seguridad en el manejo de la información.

Reforma del Estado: democracia, participación, transparencia y eficiencia

4)     Primero que nada, debe reconocerse que en Costa Rica no sobra Estado ni institucionalidad pública. Por el contrario: ésta es claramente insuficiente, y la variedad y amplitud de demandas ciudadanas y necesidades sociales insatisfechas o insuficientemente atendidas por los servicios públicos así lo evidencia. En ese sentido, cualquier propuesta encaminada a reducir el tamaño relativo del Estado implicaría agravar esas insuficiencias ya mencionadas, con consecuencias sociales, políticas y económicas seguramente perniciosas. El reto, por lo tanto, es ser mucho más eficientes, eficaces y oportunos en lo que el Estado y sus instituciones hacen, no en recortar su tamaño. De acuerdo con lo anterior los énfasis deberían estar en los siguientes aspectos: eficiencia; óptima coordinación interinstitucional; supresión de despilfarros o gastos innecesarios; corrección de cualquier abuso en los regímenes laborales; desarrollo de mecanismos amplios y eficaces para la rendición de cuentas y el control y la auditoria ciudadana; máxima transparencia en los procesos de contratación y concesión (incluyendo consultorías, licitaciones, compras, concesión de obra pública, etc.), a fin de suprimir redes de favorecimiento y patronazgo que encarecen y restan eficiencia en los servicios o la creación de infraestructura pública y transfieren rentas a grupos del sector privado, a menudo favorecido por sus contactos e influencia con altas dirigencias políticas y cuadros políticos de alto nivel del sector público. Para que estos diversos procesos puedan llevarse delante de forma eficaz, es preciso satisfacer algunas condiciones necesarias:

a.      Es preciso alentar un clima de diálogo y confianza, en especial respecto del colectivo de los empleados y empleadas públicas, sometidos por ya varios meses a una campaña de estigmatización y criminalización que les presenta como delincuentes y vagabundos. Eso genera crispación y conflicto y dificulta cualquier avance razonable y dialogado.
b.      Los regímenes laborales, de contratación y remuneración deben ser revisados caso por caso, a fin de suprimir excesos sin pretender uniformar lo que es diverso y heterogéneo. No tiene sentido imponer un mismo régimen laboral a instituciones tan diversas entre sí como RECOPE, los bancos públicos, el ICE, el MEP, el Ministerio de Salud, los tribunales de justicia, la Caja del Seguro Social, las municipalidades o las universidades, entre muchos otros ejemplos que se podrían citar. Si en efecto se desean regímenes que reconozcan el mérito, ello no podría hacerse si no se tiene en cuenta las condiciones y exigencias propias de cada ámbito de actividad del sector público. Conviene más pensar en una ley marco que defina criterios y parámetros de orden general en relación con regímenes de contratación, estímulo y retribución en el sector público, pero de una forma tal que haya la necesaria flexibilidad para que en cada caso se apliquen los sistemas más apropiados, según las necesidades de cada institución, sus objetivos y el contexto en el cual se desenvuelve.
c.      De forma similar, los sistemas de evaluación –tanto de funcionarios y funcionarias a nivel individual, como de partes o departamentos dentro de cada organización pública o de las organizaciones en su conjunto– deberían ser diseñados tomando en cuenta las particularidades del tipo de actividades que cada organización o institución realiza. El aplicar estándares universales es una mala manera de promover la excelencia, y ello acontece, por ejemplo, en el tipo de criterios que aplica la Contraloría a las universidades públicas, los cuales evidencian con claridad que ese ente contralor no parece tener ni la menor idea de las peculiaridades del trabajo académico en la docencia, la investigación y la extensión o acción social.
d.      La democracia costarricense debe avanzar, mediante las reformas legales que sean necesarias, hacia el desarrollo de mecanismos de control y auditoría ciudadana, mucho más amplios, participativos y democráticos, desde los cuales controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos y velar por la probidad y rectitud en el uso de los recursos, incluida la supresión de las redes de influencia en la asignación de contratos, licitaciones y similares, así como los excesos en los regímenes laborales. La contraloría ciudadana debe incorporar a representante de los sectores concernidos en relación con cada tipo particular de servicio, e incluir indicadores de desempeño que evalúen permanentemente la calidad y oportunidad del servicio. Las conclusiones y recomendaciones que deriven de tales procesos de control ciudadano, debe tener consecuencias efectivamente sobre la administración y gestión de los servicios, incluso en relación con la permanencia en sus puestos de los jerarcas respectivos.
e.      El uso de las tecnologías digitales, de la información y las comunicaciones debe optimizarse, principalmente en la perspectiva de convertirlas en un mecanismo que profundice y mejore la coordinación a lo interno de las instituciones públicas y entre estas. El objetivo debería ser la reducción al mínimo de duplicidades, la conformación de plataformas de trabajo conjunto y articulado, así como la cooperación permanente. Obviamente nada de eso sería posible sin un compromiso y liderazgo muy claros por parte de las altas autoridades políticas.

Austeridad fiscal: receta peligrosa

5)     Las políticas de ajuste fiscal, en la medida en que asuman un sesgo austeritario, tiende a tener efectos recesivos a corto plazo. Ello es más preocupante en el contexto actual de la economía costarricense que arrastra un larguísimo período (desde 2008, este año incluido) de crecimiento económico mediocre y, lo que es peor, declinante, lo cual se visibiliza dramáticamente en gravísimos problemas de empleo, resultantes, entre otros factores, de una estrategia de desarrollo que ha privilegiado el impulso a actividades económicas con muy limitada capacidad de generación de empleos y muy débiles vínculos con la economía nacional. En este contexto, la austeridad fiscal arriesga convertirse en una fuerza regresiva que deprima aún más el de por sí anémico crecimiento de la economía, con el agravante, que es peligroso ignorar, de que esa anemia ha devenido crónica; no es un problema de corto plazo sino, al parecer, una especie de nueva “normalidad”, pero, paradójicamente, una normalidad patológica. De ahí la importancia de una estrategia articulada y coherente, que privilegie la reactivación económica y gradúe el ajuste fiscal, en la comprensión de que, muy probablemente, la mejor política para reducir los desajustes fiscales, es aquella que mejor promueva el crecimiento de la economía y la generación de empleos.

La urgente necesidad de la reactivación económica

6)     Reactivación económica. En consonancia con lo indicado, se hace urgente un diálogo y compromiso nacional para poner en marcha una política de reactivación económica a corto plazo, la cual podría incluir elementos como los siguientes:

a.      Reducción de las tasas de interés a fin de que las que se cobran sobre créditos para el sector productivo no excedan del 4% en términos reales.
b.      Orientación del crédito hacia el estímulo y promoción de la inversión privada y la generación de empleos decentes.
c.      Aplicación de una política monetaria activa y creativa que promueva la reactivación, incluso generando estímulos y penalizaciones que obliguen a los bancos a colocar créditos en sectores prioritarios, aparte bajar sustancialmente las tasas de interés. Una posibilidad, por ejemplo, es aplicar tasas de interés negativas sobre los depósitos de corto plazo en el Banco Central realizados por bancos comerciales. Podría estudiarse si es posible exigir requisito de reserva más elevados cuando el crédito se dirige al consumo o actividades especulativas, o encajes más elevados en función del tipo de actividades o destinos que los bancos privilegien al colocar los créditos.
d.      Corrección gradual y cuidadosa del valor del tipo de cambio a fin de justarlo a un valor realista, de acuerdo con los verdaderos niveles de productividad y competitividad de la economía costarricense. Este proceso debe acompañarse de una política salarial que proteja el nivel de vida de las clases trabajadoras de Costa Rica. Es muy posible que esto implicaría tener que aplicar diversas formas de control de los movimientos de capitales, lo cual podría incluir aplicación de elevados requisitos de encaje (eventualmente superiores al 100%) sobre los fondos en dólares que los bancos obtengan en el extranjero, y aplicación de algún modelo de “tasa Tobin” sobre las transacciones financieras en moneda extranjera.
e.      Reactivación concertada del mercado centroamericano: coordinación de políticas fiscales y monetarias; realización de proyectos de inversión conjunta en áreas de interés compartido; desarrollo de estrategias colaborativas en educación, salud y medio ambiente.
f.       Reactivación de la inversión pública para la generación de infraestructura y la migración gradual pero sostenida hacia formas de energía limpias. Diálogo y concertación pública-privada para que haya colaboración por ambas partes y no se presenten bloqueos u obstaculización a la hora de impulsar los proyectos de inversión pública. Un esfuerzo mancomunado de toda la institucionalidad pública para romper todos los “cuellos de botella” que frenan los proyectos de inversión pública.

Hacia la reorientación en profundidad de la estrategia de desarrollo


7)     La evidencia disponible ofrece señales muy poderosas en el sentido de que la estrategia de desarrollo seguida por el país ha entrado en un umbral de agotamiento y crisis que a su vez está generando graves problemas sociales y políticos. Igualmente plausible es la tesis de que, en lo fundamental, el problema que subyace a la crisis fiscal es de orden estructural y está enraizado en las falencias de esa estrategia de desarrollo. Es entonces necesario y urgente un diálogo y compromiso nacional para concertar esfuerzos alrededor del objetivo de buscar un replanteamiento en el mediano y largo plazo en los énfasis y orientaciones dominantes del desarrollo nacional, tomando en cuenta aspectos como los siguientes:

a.      Mayor equidad en la distribución del ingreso y la riqueza nacionales. En ese sentido, y en el espíritu que animó, por ejemplo, los llamados “objetivos del milenio”, fijar metas cuantitativas claras en materia de desigualdad y pobreza y fiscalidad. Por ejemplo:
                                                  i.      lograr que en un plazo de cinco años el coeficiente de Gini baje a menos de 0,45 y, en cinco años más, a menos de 0,40
                                               ii.      que en cinco años los índices de pobreza bajen al 18% y en otros cinco años a menos del 14%
                                             iii.      reducción de la tasa de desempleo al 5% en un plazo de cinco años
                                             iv.      reducción de las tasas de informalidad laboral a menos del 25% en un plazo de cinco años.
                                                v.      elevar la carga tributaria (sin incluir cuotas de seguridad social) a un 18% del PIB en un plazo de 5 años y al 22% en 10 años. Privilegiar tributos progresivos que den un perfil efectivamente justo y equitativo al sistema tributario costarricense.
b.      Redefinición en profundidad de la estrategia de desarrollo, a fin de orientarla hacia la consolidación de encadenamiento productivos sólidos; elevación sustancial de la productividad; incorporación de tecnología y, sobre todo, de conocimiento; incorporación de valor agregado; aprovechamiento inteligente e innovador de la dotación de recursos nacional; creación de empleos de buena calidad; democratización de la riqueza. En lo esencial se trata de pasar de una estrategia de transnacionalización que ha implicado la desarticulación interna de la economía y su subordinación a cadenas globales de valor (lo característico del Proyecto Histórico Neoliberal); hacia una estrategia que construya una economía de alta productividad –y por lo tanto altamente competitiva– sobre la base de un tejido productivo sólido y una dinámica económica interna vigorosa.  
c.      Los procesos de desarrollo e incorporación de conocimiento y tecnología privilegiarà las micro, pequeñas y medianas empresas y las formas asociativas de producción, de forma que se promueva su modernización y la elevación de su productividad.
d.      Promoción de formas de propiedad y emprendimientos donde se ponga la dignificación del trabajo como centro de la organización, y en los cuales se promueva tanto la democratización de la propiedad como el cultivo de una nueva forma de relación con la naturaleza.
e.      Establecimiento, por lo tanto, de un sistema nacional que articule y canalice los esfuerzos nacionales en ámbitos como: investigación científica y desarrollo tecnológico; difusión democrática y equitativa de los frutos de ese sistema; capacitación y asesoría de empresas; formación de la fuerza de trabajo a los distintos niveles requeridos; orientación del crédito.
f.       Desarrollo de un sistema regionalizado y sectorializado de innovación, emprendedurismo y productividad, que impulse el desarrollo de determinados sectores prioritarios y promueva un desarrollo regionalmente equilibrado.
g.      Privilegiar en todo esto la orientación hacia tecnologías y formas de producir y de consumir, que privilegien el cuido de la naturaleza, el combate al calentamiento global y el cambio climático y la mejor adaptación a los efectos perniciosos que esos procesos inevitablemente están ya acarreando.
h.      En materia de atracción de inversión extranjera, privilegiar aquella que genere una cuantía significativa de empleos y que propicia el desarrollo de encadenamiento y la más amplia difusión de la tecnología.
i.        Reorientación del sistema financiero nacional hacia la promoción de la inversión productiva que cumpla con los requisitos indicados en los puntos anteriores. Desestímulo del crédito que promueve el endeudamiento con fines de consumo, la especulación inmobiliaria  o cualquier otra forma de gasto o inversión especulativa o despilfarradora.
j.        Fijarse la meta de un incremento de la productividad promedio en el orden del 4% anual durante los próximos 10 años.
  
Luis Paulino Vargas Solís
17 de febrero de 2016



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